¿Qué pueden aportar psicólogos y psiquiatras a las necesidades de las víctimas de trata con fines de explotación?

¿Qué pueden aportar psicólogos y psiquiatras a las necesidades de las víctimas de trata con fines de explotación? Foto de Oscar Keys.

What can psychologists and psychiatrists contribute to the needs of victims of trafficking for exploitation?

Carmen Meneses Falcón.

Dra. Antropología Social y Cultural. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad P. Comillas de Madrid.

Resumen: Este trabajo presenta las principales características de la trata de seres humanos, centrándonos en la salud, especialmente en la salud mental de las personas que han sufrido una situación de esclavitud o dominación. Se señala la importancia del rol de los psicólogos/as y psiquiatras en tres ámbitos: la detección, la identificación y la recuperación de las víctimas. Las necesidades de intervención psicológicas y psiquiátricas son centrales en esta población de mujeres y hombres que han sido victimizadas y que requieren un esfuerzo de adaptación a sistemas culturales diferentes. Se plantean desafíos y necesidades que deben incorporarse para avanzar en la atención y recuperación.
Palabras clave: trata de seres humanos, víctimas, esclavitud, atención psiquiátrica, atención psicológica.


Abstract: This work presents the main characteristics of human trafficking, focusing on health, especially the mental health of people who have suffered a situation of slavery or domination. The importance of the role of psychologists and psychiatrists in three areas is pointed out: detection, identification, and recovery of victims. The needs for psychological and psychiatric intervention are central in this population of women and men who have been victimized and who require an effort to adapt to different cultural systems. There are challenges and needs that must be incorporated to advance care and recovery.
Key Words: sex trafficking, victim, slavery, psychological and psychiatric intervention.

Norte de salud mental, 2021, vol. XVII, nº 64: 13-24.

Foto del post de Oscar Keys.

La trata de seres humanos y sus tipos.

La trata de seres humanos es un delito que afecta a miles de personas en el mundo y que constituye una nueva forma esclavitud. En siglos pasados la esclavitud estaba avalada por los propios estados, pero este momento casi todos los estados miembros de Naciones Unidas han firmado y ratificado el acuerdo internacional que persigue y se propone erradicar esta forma de dominación de las personas. Estamos hablando del Protocolo de Palermo, que define lo que es la trata en su artículo tercero: “se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. La trata con fines de explotación supone una violación muy grave de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad e integridad de las personas. Podemos distinguir distintas finalidades de explotación entre las que se encuentra la laboral o para la realización de trabajos forzados, la mendicidad, la sexual, la delictiva para cometer actos delictivos, para la extracción de órganos o para la realización de matrimonios de manera forzada. De todas ellas, las más sobresalientes en España son las destinadas a la explotación sexual, en distintos contextos de prostitución, y la laboral, en sectores como el agrícola, el servicio doméstico, hostelería, textil, venta ambulante o turismo, entre los principales. La gran mayoría de las víctimas proceden de países en desarrollo, pero no tiene por qué haber transnacionalidad. La trata puede producirse dentro de las fronteras, y en España se han producido algunos casos de trata interna con finalidad sexual.

En la Memoria de la Fiscalía General del Estado del 2019 se señalaba que del 2013 al 2018 fueron identificadas 1181 personas, de los cuales solo siete fueron hombres, como víctimas de trata con fines de explotación sexual. Con fines de explotación laboral fueron identificadas en ese mismo periodo 588 personas, alrededor del 72% eran hombres. En la Memoria del 2019 se han detectado 830 víctimas con fines de explotación sexual (98% mujeres) y 241 con finalidad laboral (sin concretar por sexo todos los casos), pero no se señala si el número de detectadas se convirtió en víctimas identificadas, pues son dos aspectos distintos (Fiscalía, 2020). Por tanto, hay unas claras diferencias de género en la trata sexual y laboral. No obstante, sin magnificar la trata de personas, estas cifras no reflejan la extensión de este delito, pues existen más víctimas que se detectan y no se identifican como tales, y otras que pasan desapercibidas, volveremos a ello más adelante señalando algunas de sus causas.

La trata con fines de explotación sexual o laboral se relaciona con otros delitos y hechos sociales que en ocasiones se confunden entre ellos. Nos referimos al tráfico de personas, que supone el paso de una frontera de manera ilegal, sin los requisitos exigidos, con la ayuda de una persona o una organización, acabandose la relación con el traslado. En el caso de la trata encontramos captación, engaño en la mayoría de los casos, traslado y posterior explotación que no suelen estar incorporados en el delito de tráfico de personas. También la trata con fines de explotación sexual se equipara como sinónimo de la prostitución coactiva, pero el ejercicio de la prostitución de manera forzada sería la última fase en la trata, existiendo otras actuaciones con anterioridad. No obstante la inducción a la prostitución y la realización de la prostitución de manera forzada son delitos y situaciones al margen de la trata. Una mujer puede haber sido obligada a ejercer la prostitución sin ser víctima de trata. Lo mismo sucede con la trata con fines explotación laboral que es más identificada como mera explotación laboral. Debemos ser precisos y no confundir los fenómenos sociales y los delitos, porque la mayor repercusión en estas confusiones es para las víctimas.

¿Qué factores provocan en el desarrollo de la trata?

El surgimiento y desarrollo de la trata de personas depende de factores multicausales y factores específicos dependiendo del tipo de finalidad de explotación que se persiga con las víctimas. Entre las causas más comunes destacamos: a) las condiciones de desigualdad económicas, sociales y de género en los países en desarrollo, que empuja a las mujeres a buscar mejores condiciones de vida para ellas y sus familias, y así salir de situaciones de vulnerabilidad; b) las leyes migratorias restrictivas que impiden a las personas atravesar fronteras en busca de mejores condiciones, teniendo que recurrir a las redes de tráfico y de trata; c) los mercados laborales precarios, poco regulados, inseguros, e insertos en la economía sumergida, que necesitan a hombres y mujeres en condiciones de esclavitud para abaratar los costes, y les retira los derechos como ciudadanos y trabajadores; d) el bajo coste que supone la víctima de trata y los altos beneficios que pueden obtenerse de ella, refuerza que este tipo de actividad ilícita sea más lucrativa y posea menor riesgo que el tráfico de armas o de drogas (Giménez-Salinas, 2016); e) las nuevas tecnologías y formas de comunicación han facilitado una mayor información en distintas partes del mundo (Patterson, 2011), mostrando un nivel de bienestar en los países industrializados que todo el mundo desea, así como una falsa imagen de ese bienestar. Internet posee un potencial muy interesante de conexión y comunicación entre personas en el planeta, obteniendo datos, informaciones en cuestión de minutos o asistiendo a eventos casi en directo. Cada vez es mayor la captación de víctimas mediante las nuevas tecnologías, mediante anuncios falsos que pasan desapercibidos.

Entre las causas específicas de la trata con fines de explotación sexual podemos destacar la mercantilización de los servicios personales, entre los que se encuentra los sexuales en el sistema capitalista actual y como se ha transformado la intimidad en las sociedades postindustriales (Giddens, 1995; Bernstein, 2007). Las desigualdades entre hombres y mujeres en las sociedades patriarcales junto con el avance de un sistema capitalista que adquiere nuevas formas de beneficios a costa de las personas ha sido puesto de relieve por diversos trabajos. También se ha puesto de relieve que una falta de gestión adecuada de la prostitución y el comercio sexual en las sociedades contemporáneas podría evitar los abusos, situaciones de explotación y de esclavitud (VanwesenbeecK, 2017). No obstante, no existe una legislación adecuada que pueda acabar con la trata con fines de explotación sexual.

La trata laboral puede tener dos manifestaciones (Carrillo, Mokrani y Zuppiroli, 2017): la realización de un trabajo por obligación o servidumbre, o el trabajo forzoso. En ambos casos la víctima se ve obligada a realizar un trabajo contra su voluntad y bajo amenazas. Entre las causas específicas que se asocian con la trata con fines de explotación laboral destacamos: a) la fuerte demanda de empleos sin cualificar en mercados precarios y poco regulados de los países industrializados que no se cubren por los trabajadores autóctonos; b) la propensión de muchos empresarios en algunos sectores económicos a no legalizar o regular la situación de sus trabajadores; c) la transmisión errónea de información desde los migrantes a sus paisanos, sobre las ofertas de empleo y la facilidad para conseguirlos en Europa; d) la escasa percepción de que este tipo de trabajo forzado pueda existir en los países industrializados y por tanto la poca alerta de inspectores o supervisores que valoran más una mera explotación laboral que una situación de trata; y en definitiva la generación de empleos en una economía sumergida que lejos de decrecer se incrementa en momentos críticos.

El impacto en la salud de las víctimas de trata

Se ha puesto de relieve que las situaciones de coacción, confinamiento y agresiones continuas en las víctimas de trata genera una profunda huella en sus vidas, y especialmente en su salud, tanto física como mental (Zimmerman et al., 2006; García-Vázquez 2020). Las condiciones a las que han sido sometidas estas mujeres son variadas, con diversos grados de intensidad. Desde estar encerradas sin poder salir, e impedirle la libertad de movimiento, a ser obligadas a consumir diversas drogas, y forzadas a ejercer la prostitución sin poder seleccionar los clientes, los servicios y las prácticas sexuales; además no se les permite usar preservativos y otras formas de protección si el cliente no quiere; deben atender a un alto número de clientes y escasa atención sanitaria. Se han planteado que las mujeres que han sido víctimas de trata han sufrido las siguientes situaciones de deterioro de su salud como consecuencia de la esclavitud vivida (Abas et al, 2013; Hossain et al, 2010; Oram et al, 2012; Acharya, 2015; Iglesias-Ríos et al., 2018; García-Vázquez, 2020):

  1. La depresión y el estrés postraumático han sido y son las principales repercusiones psicológicas. Estados de ansiedad, angustia, pánico y miedo también han aparecido de manera continua tanto en el periodo de dominación de sus vidas como posteriormente cuando fueron liberadas.
  2. Pueden mostrar déficit alimentario y trastornos del sueño, en muchos casos se les raciona la comida o es castigada sin alimentarlas. Deben estar disponibles las 24 horas del día para atender a los clientes alterando el descanso y el sueño. La falta de concentración y los dolores de cabeza pueden estar asociados.
  3. Aquellas que han sido sometidas a situaciones límites muestras intentos de suicidio, en ocasiones de manera reiterada, en parte por la falta de atención para recuperarse de los traumas vividos.
  4. Al ser obligadas al consumo de cocaína y alcohol, algunas de las mujeres presentan una dependencia a estas sustancias.
  5. Emergen sentimientos de soledad, desarraigo y síndrome de Ulises, producto del aislamiento y el encierro.
  6. Pueden presentar lesiones físicas, quemaduras de cigarrillos, pérdida de dientes, heridas con arma, ya sea por sus tratantes o por un sector de clientes que es muy violento, aunque minoritario (Meneses, Rúa, y Uroz, 2018). Las fracturas óseas o esguinces, cicatrices faciales o en otras partes del cuerpo pueden ser abundantes por las continuas agresiones físicas, con repercusiones en problemas de visión o de oído, que también pueden estar presentes en algunas de las víctimas.
  7. Padecimiento de enfermedades o infecciones de transmisión sexual (ITS), así como el contagio de VIH, sin seguimiento ni tratamiento puede acontecer en estas mujeres, fruto de realizar las prácticas sexuales sin protección y la imposibilidad de tratarse. En ocasiones los tratantes solo abandonan a la víctima cuando está muy enferma, pero no le prestar ayuda sanitaria en situaciones previas.
  8. También los embarazos no deseados y la inducción a abortos clandestinos afectan considerablemente a la salud sexual de las mujeres.
  9. Los trastornos genitales son abundantes, como hemorragias, abrasiones vaginales y rectales, y trastornos en la menstruación. En algunos casos las prácticas sexuales violentas pueden causar daños irreparables en el aparato genital femenino.
  10. Puesto que han sido sometidas a condiciones de esclavitud, las víctimas presentan pesadillas, eventos de flashbacks, la falta de concentración, la incapacidad de sentir, desesperanza, apatía y problemas de memoria.

Las circunstancias expuestas no se producen todas a la vez y con la misma intensidad, y se centran en mayor medida en la trata con fines de explotación sexual. Además, se ha puesto de relieve la resiliencia que muchas de las mujeres muestran, especialmente las mujeres subsaharianas, porque proceden de contextos duros, precarios y con sistemas culturales muy diferentes. Por otra parte, una buena atención psicológica y psiquiátrica facilita la recuperación. No obstante, depende del tiempo a la que han estado sometidas las víctimas a estas condiciones de esclavitud.

Fuentes de información y metodología

Se ha partido de diversas fuentes de información de los estudios de investigación realizados en los últimos años. Se posee mucha información de diferentes actores sociales y especialmente de mujeres que han sido víctimas de trata.

1) De la investigación realizada para la Delegación del Gobierno para Violencia de Género (Meneses et al, 2015). Se realizaron entrevistas a las mujeres víctimas de trata, con dos tipos de técnicas de investigación para recoger sus situaciones y adaptándonos a sus circunstancias vitales. Al tratarse de víctimas que han vivido una situación de esclavitud y por tanto un trauma en sus vidas, se ha aplicado las consideraciones descritas por la OMS para estas circunstancias (Zimmerman y Watts, 2003), y siguiendo las recomendaciones éticas se ha primado el bienestar de las víctimas sobre la investigación. El contacto con las mujeres se realizó a través de ONGs que están trabajando con víctimas de trata con fines de explotación sexual en cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Asturias y Baleares). Participaron 22 mujeres con edades comprendidas entre los 17 y 35 años, procedentes de países latinoamericanos, de Europa del este y subsaharianos. Se realizaron cuatro entrevistas individuales y dos entrevistas grupales con nueve mujeres participantes en cada una de éstas últimas. A lo largo de las entrevistas se tuvo que parar en varias ocasiones por la conmoción que suponía para ellas revivir dichas situaciones vitales, cuando detallaban lo vivido. La duración de las entrevistas osciló entre 45 minutos a 80 minutos. En aquellas circunstancias que fue posible se grabó la entrevista en audio y cuando no fue posible se tomaron notas detalladas sobre sus discursos.

2) La autora de este estudio ha realizado trabajos etnográficos en distintos contextos de prostitución, especialmente destacable ha sido su inmersión en cinco locales de alternes, cuya metodología se ha explicado en otro lugar (Meneses, 2020), y los datos obtenidos en la investigación europea FINOCA, sobre las redes de trata (Meneses, Urío y Uroz, 2019).

En estas investigaciones a todos los informantes se les aseguró el anonimato y se les entregó un certificado de confidencialidad, dado que las entrevistas en la mayoría de los casos fueron grabadas en audio. La voluntariedad para participar, la garantía de anonimato y la confidencialidad, junto con la información ofrecida sobre los objetivos de estudio y quién lo financiaba fueron los instrumentos básicos para invitar a participar a las víctimas en la investigación. Posteriormente, se ha realizado un análisis categórico interpretativo de los discursos obtenidos, guiados por los objetivos de estudio y los temas emergentes, mediante el programa informático Nvivo v.12.

Características de las víctimas de trata

Las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mayoritariamente mujeres jóvenes -y en menor medida adolescentes-, con edades comprendidas entre los 16 y 40 años. Proceden principalmente de cuatro áreas geográficas, de los sectores sociales más sencillos y populares, y con características sociales y personales más vulnerables:

1) Una zona de procedencia es Europa del Este, especialmente Rumania. Muchas de las mujeres y adolescentes son captadas con un falso novio que las enamora y las engaña con venir juntos a trabajar a España en hostelería u otro sector, pero que serán vendidas y obligadas a ejercer la prostitución contra su voluntad en polígonos industriales y carreteras, o en pisos y clubs de alterne. Al tratarse de un supuesto novio es más difícil que las mujeres hagan la denuncia, además de desconocer el idioma y sus derechos en España. Tendrán que pagar una deuda que oscila entre los tres mil a seis mil euros.

2) Otra zona de procedencia es América Latina, especialmente Brasil, Colombia, República Dominicana, Paraguay y especialmente Venezuela en el momento actual. Es difícil distinguir en muchos de los casos entre el delito de trata y el de tráfico, pues este último se produce con bastante asiduidad, pero es en España cuando la situación se clarifica. Muchas de ellas saben que vendrán a España a ejercer la prostitución, pero son engañadas respecto a las circunstancias en las que tendrán que desarrollar la actividad. Especialmente dura son las condiciones de captación y sometimiento de las mujeres indígenas (guaraníes) que son traídas a España a ejercer la prostitución en condiciones de servidumbre. Se les exigirá una deuda de dos mil a cuatro mil euros. En muchos casos son traídas por tres meses, aprovechando el tiempo permitido como turistas.

3) La tercera zona es África subsahariana, especialmente procedentes de Nigeria y países francófonos. Para algunas España es su destino, pero para otras será el país de tránsito para llegar a otras ciudades europeas donde las esperan miembros de las redes para prostituirse. Las mujeres son captadas de distintas formas, pero todas con cierto engaño, pues desconocen todas las condiciones que se encontrarán en España. Las redes de tratantes forman parte de la comunidad donde viven y conocen a sus familiares, aspecto que es fundamental para la posterior extorsión y amenaza a las víctimas, así doblegarlas a ejercer la prostitución una vez en España. Existen distintas rutas o trayectos desde la salida de su país hasta España, pero todas las terrestres suelen pasar como última etapa por Marruecos, para pasar el Estrecho. Durante el trayecto a Marruecos, y una vez en este país, suelen ser tratadas como esclavas para atender las necesidades domésticas y sexuales de los tratantes. Incluso muchas de ellas son violadas hasta quedarse embarazadas y de esta manera tener más facilidad de acceso a Europa (por los sistemas de protección social a los niños y embarazadas que existen en España y Europa). Una vez en España su hijo es utilizado como chantaje y amenaza para que ejerza la prostitución, no dudando en maltratarlo si ayuda a controlar la voluntad de la madre. La deuda oscila entre treinta mil y ochenta mil euros, de la que solo tienen conocimiento cuando llegan a España. Es un colectivo de mujeres muy reservado, aumentando la distancia los aspectos culturales y religiosos, pues solo se relacionan entre ellas y con sus paisanos. Muchas de las víctimas una vez liberadas jugarán el rol de captadoras y explotadoras, pues son vistas como modelos exitosos en sus comunidades de origen. Suelen ejercer en las peores condiciones sociales, en carreteras, polígonos y zonas de calle.

4) Por último, debemos mencionar a las mujeres de origen asiático, especialmente de China. Se trata de un colectivo de mujeres muy jóvenes, captadas en zonas rurales y que suelen traerlas por tres meses en las que son explotadas en casas de masajes, peluquerías o casas de citas. Es del colectivo que menos información se posee por su hermetismo y poca interacción social con los autóctonos. Un sector de estas mujeres están destinadas al ejercicio de la prostitución con ciudadanos chinos, quizás las que mayor explotación puedan sufrir.

Estas mujeres han vivido una situación de esclavitud, explotación sexual y maltrato que ha generado secuelas importantes en sus vidas. A la mayoría les cuesta reconocer la situación de explotación y realizar la denuncia de sus captores y tratantes, pues son diversos los determinantes que impiden la declaración (Helfferich et al, 2011). Existen cuatro desafíos importantes que están pendientes de mejorarse: la detección, la identificación, la recuperación y protección de las víctimas, que las abordaremos en el siguiente punto, dado que los sanitarios tienen una importante contribución en ellos. No sucede lo mismo con las víctimas de explotación laboral, que predominan los varones (De Gasperi, 2020). Muchos de ellos son ciudadanos de la Unión Europea, procedente de Rumanía, Bulgaria o Lituania. Otros extracomunitarios su procedencia es de China, Pakistán y algunos países latinoamericanos. Las víctimas suelen estar ocultas y no son fáciles de acceder a ellas, aunque dependen del sector económico en el que son explotadas. Por otra parte, es difícil obtener un testimonio o declaración de las mismas, por miedo a represalias, desconocimiento del sistema de protección y de sus derechos, y sobre todo el miedo a la deportación en el caso de los extracomunitarios. Las víctimas de trata con fines de explotación laboral son sometidas a condiciones muy duras de trabajo, bajo amenazas e incluso agresión si no cumplen con el trabajo encomendado. Deben realizar largas horas de trabajo, con escasos
descansos y controlada alimentación. Las condiciones en las que desarrollan el trabajo es insalubre, sin garantías ni protección. Si perciben alguna remuneración es mínima comparada con las jornadas laborales, aunque en muchos casos no la reciben porque supuestamente deben condonar la deuda que han contraído con las mafias de tratantes al traerlos a España. En sectores como el servicio doméstico suelen ser casi todas mujeres, mientras que en sectores como la construcción o textil predominan los varones. Sin embargo, el sector económico varia dependiendo del ámbito geográfico. También debemos mencionar la yuxtaposición de tipos de trata en una misma víctima. En ocasiones las mujeres pueden ser captadas para ser explotadas sexualmente a la vez que son obligadas a cometer actos delictivos, como robos o venta de drogas. En otras ocasiones son captadas para el servicio doméstico y obligadas a la vez al ejercicio de la prostitución. En estos casos suelen ser más mujeres que varones. En la mayoría de las personas que son víctimas de trata son vejadas, humilladas y dominadas, sin libertad de movimiento. Supone un atentado contra su integridad que genera secuelas importante cuanto más permanezca en la situación de esclavitud.

Características de las redes de tratantes y su impacto en las víctimas

El fenómeno de la trata es muy dinámico y las redes de tratantes también, que se van configurando de maneras muy diversas en función de la persecución del delito. Expondremos algunas características siguiendo el trabajo que realizamos en el informe FINOCA. Existe una diversidad en la organización y estructuración de las redes dependiendo su origen y la finalidad de la explotación. Las redes de tratantes pueden estar compuestas por unos pocos miembros, incluso uno solo, o por una organización diversificada de personas y tareas. Están formadas por hombres y mujeres que desempeñan distintos roles: captadoras/es y reclutadoras/es, transportistas, y explotadores/as. Generalmente las mujeres pueden ejercer el papel de captadoras y explotadoras mientras que los hombres se encargan del traslado y de los requisitos necesarios para el tránsito (Surtees, 2008). Entre sus características demográficas destacan que poseen la misma nacionalidad y etnicidad que sus víctimas, además de ser cercanas a ellas (parientes, vecinos, amigos…). Los miembros de las redes poseen contactos en España y en
diversos lugares de Europa, además de que una parte de ellos y ellas están asentados, siendo residentes legales. Disponen de una gran flexibilidad y adaptabilidad en las acciones y comparten mucha información sobre las legislaciones y el modo de actuar de la policía con otros que les facilitan documentación, contactos en las fronteras, etc. Podríamos distinguir tres tipos de organizaciones: las grandes y estructuradas, con diferentes roles y conexiones; las compuestas por un grupo de tratantes y poco estructuradas; y las pequeñas o familiares, y tipo loverboy. En este último caso ya nos hemos referido a ello, que actúa como un falso novio cuya captación tiene el destino de ejercer la prostitución en el país de destino.

Las redes pueden utilizar distintos medios de coacción e intimidación, desde la manipulacion psicologica y la merma de las capacidades de las víctimas a la agresión y violación de las mismas. Sin embargo, recientemente utilizan en mayor medida el chantaje y la amenaza de un posible daño que efectuarán a sus familias en su pais de origen, más que la violencia física hacia las víctimas, pues genera secuelas físicas que en ciertos contextos pueden facilitar la denuncia. No obstante, hay redes más violentas y agresivas que otras. Las redes chinas suelen ser muy jerárquicas con una gran capacidad de obediencia y cumplimiento por parte de las víctimas, aspectos que conectan con rasgos culturales de estas poblaciones. Las redes de los países de Europa del este, siguen utilizando la violencia y el maltrato, tanto para las mujeres en la trata con fines de explotación sexual como para los hombres en la explotación laboral.

La intervención psicosocial con víctimas de trata: desafíos

La intervención de los profesionales sanitarios es fundamental en tres ámbitos fundamentales para atender adecuadamente a las víctimas. En primer lugar detectarlas, pues pasan desapercibidas. En segundo lugar realizar una buena identificación, que están subrealizadas. Por último, articular un proceso de recuperación contrarrestando las secuelas vividas. Mientras que existen algunos recursos para víctimas procedentes de la trata sexual, son escasísimos los que se centran en la trata laboral. Detallaremos los tres ámbitos mencionados. La detección de mujeres que están siendo víctimas de trata podría acometer cualquier persona. Nunca sabemos si el piso de al lado, -que percibimos varias mujeres en condiciones extrañas-, son mujeres que están siendo victimizadas. Sin embargo el mayor peso recae en las ONGs que trabajan en contextos de prostitución cuando hablamos de trata sexual. No obstante, los profesionales de servicios públicos, especialmente los profesionales sanitarios, médicos/as y enfermeros/as, tienen un papel crucial en la detección. Se ha puesto de relieve en varios estudios como han pasado desapercibidos a muchos médicos mujeres que estaban siendo víctimas de trata y no fueron capaces de reconocerlas (Lederer y Wetzler, 2014). La falta de conocimientos de las características de las víctimas y de los indicadores (cuadro 1) sobre trata, es una carencia que debe ser compensada. Una manera de paliar esta subdetección es la formación del personal sanitario para que las mujeres que puedan ser atendidas y sean víctimas de trata no les pasen desapercibidas. El 20% de las víctimas de trata entró en contacto con los servicios sanitarios en algún momento de su situación de explotación y en ninguno de los casos fue identificada (Westwood et al, 2016). Entre las barreras señaladas se destacan: el idioma, el miedo a las repercusiones por parte de los tratantes, y la escasa información sobre los servicios y sus derechos, así como la escasa formación del personal sanitario en esta materia.


Cuadro 1. Indicadores de identificación

• No posee sus documentos de identidad o de migración.
• Se comunican por ella y siempre está acompañada.
• No puede comunicarse con otros por cualquier medio.
• Responde de manera evasivas a cualquier pregunta.
• Muestra dificultad para orientarse o ubicarse, desconoce el entorno donde vive.
• Debe dinero o posee una deuda por haber llegado a España.
• No puede dejar el lugar donde presta servicios sexuales o trabaja.
• Ejerce la prostitución/trabaja contra su voluntad.
• Presenta marcas, cicatrices o quemaduras.
• Está triste, angustiada o deprimida.


Elaboración propia de diversas fuentes.

El proceso de detección de una mujer con indicadores de trata no es suficiente para que una mujer sea considerada como víctima de trata. Es necesario que sea identificada y esta tarea solo la realizan las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE). Por tanto, una víctima de trata con fines de explotación sexual es aquella que es identificada por la policía. Esto presenta diversos problemas y deberá ser revisado y cambiado en el futuro si de verdad queremos ayudar a las víctimas de trata. En primer lugar, las FSE no son los profesionales más adecuados para realizar esta tarea, por muy preparados y formados que estén. A las víctimas les han dejado claro sus tratante que la policía española es tan corrupta como en sus países de origen, que no deben confiar en ellos, y que en cuanto tomen contacto con ella la detendrán y será deportada a su país, aspecto que sucede si se aplica la Ley de Extranjería. En segundo lugar, las FSE tienen la misión y prioridad de perseguir el delito, no de atender a las víctimas, porque no son los profesionales adecuados para esto. En general en las actuaciones policiales prima la declaración de la víctima, el que esta pueda denunciar a sus tratantes, aspecto que consideramos importante para perseguir el delito y erradicar las redes de trata, pero dependiendo del estado en que se encuentre la víctima esta declaración la podrá realizar o no. Es decir, el bienestar de las mujeres que ha sido víctima debe ser prioritario y secundariamente la denuncia por lo que le han hecho. Si bien es cierto que los jueces de instrucción plantean que si no hay una víctima que denuncie, no hay delito (Meneses, Rúa y Uroz, 2021). En tercer lugar, si las FSE no identifican adecuadamente a una víctima, porque considera que es víctima de otro delito, las mujeres no tienen posibilidades de recurrir dicha identificación. En muchas provincias, las FSE solicitan la colaboración de las ONGs para ayudarles en esa identificación de manera puntual. Sin embargo, es el Estado el que debe asumir la identificación con equipos psicosociales preparados para ellos. La presencia de un abogado, como existe en algunas provincias, es necesario para garantizar el cumplimiento de sus derechos, como sucede con las mujeres víctimas de violencia de pareja. Esos equipos psicosociales deben estar compuestos por psicólogo/psiquiatra, trabajador social y un profesional sanitario. Quien ha firmado los tratados internacionales y se ha comprometido en la identificación, rescate y recuperación de las víctimas es el Estado y, por tanto, no puede delegar esta función en las ONGs. Los equipos de atención a mujeres víctimas de violencia de género, ya existentes en todo las provincias del Estado, podrían asumir la identificación y la articulación de las necesidad de recuperación que precisan las víctimas una vez que ha sido liberada de sus tratantes, y es una propuesta relativamente fácil y económica. Solo habría que formar a estos equipos en las características de estas víctimas.

Por último, cuando una mujer es identificada tiene una serie de derechos entre los que figuran el permiso de residencia, de trabajo y el tratamiento necesario para recuperarse de la situación de esclavitud vivida. En esa recuperación es necesario dos elementos fundamentales: la primera es que esté protegida de las posibles coacciones y amenazas de la red de tratantes. En segundo lugar, que la intervención que se le ofrezca sea acorde con lo que ella necesita, es decir, esté adaptada a sus circunstancias personales y socioculturales.

La articulación de la protección a las víctimas es también una asignatura pendiente que presenta importantes desafíos. Las medidas de protección como víctima de trata no son otorgadas fácilmente, porque ante todo prima la visión de estas mujeres o como prostitutas o como inmigrantes ilegales, pasando desapercibidas como víctimas de un delito tan grave como la trata. Las medidas de protección internacional son denegadas a muchas mujeres (Jiménez 2020; Barrio y Castaño, 2020). Incluso cuando esas medidas se consiguen, en muchas ocasiones no se articulan medidas de protección ante las declaraciones en los que está presente sus tratantes. Esa falta de adecuada protección juega un papel inhibidor en la posibilidad de que las mujeres que han sido víctimas denuncien y colaboren con el sistema judicial.

Dentro de las intervenciones que se realizan para la recuperación de las mujeres que han sido víctimas de trata la intervención psicológica y psiquiátrica, individualizada o grupal, es crucial. Dicha intervención para que sea eficaz necesita estar adaptada al contexto sociocultural, a sus circunstancias vitales y en su idioma. Pueden aparecer desde el momento del rescate estados de depresión, ansiedad y estrés postraumático, que no son universales, sino que son vividos de forma diferente entre las mujeres procedentes de América Latina, África subsahariana o China. Muchas víctimas pueden no mostrar secuelas a corto o medio plazo, incluso ni se reconocen como víctimas, pues el daño sufrido se vive de forma desigual. Las terapias convencionales aplicadas a la población autóctona pueden no ser útiles si no son adaptadas a las circunstancias socioculturales. Los psicólogos y psiquiatras deben realizar un esfuerzo en formarse en el manejo de estrategias y herramientas diferentes a las que habitualmente utilizan, porque muchas de ellas no serán útiles a estas mujeres. De hecho, algunas de ellas acuden al apoyo psicológico desde la deseabilidad social, es decir, para cumplir con el requisito que se le ofrece. Los ritmos de recuperación y de gestión del trauma son muy diferentes, por ejemplo, entre las subsaharianas, que además muchas de ellas son muy resilientes.

Otra contribución importante que pueden realizar psicólogos y psiquiatras es el peritaje judicial. La persecución del delito de trata es necesario y suele recaer principalmente en la denuncia de la víctima. Las mujeres que han vivido una situación de esclavitud están traumatizadas, siendo en ocasiones su discurso contradictorio, inconsistente y confuso, fruto del miedo y de la experiencia traumática vivida. En muchas ocasiones se desacredita el testimonio de las víctimas por esa incoherencia. Los magistrados necesitan conocer el fenómeno de la trata y las consecuencias que genera en las personas. El psicólogo/psiquiatra puede facilitar a los jueces y magistrados una visión del perfil de las víctimas, de sus circunstancias vitales y de las secuelas que supone el cautiverio y la explotación sexual o laboral contra su voluntad, para que puedan entender las declaraciones inconexas de estas víctimas.

Por último, una sanidad universal, que no discrimine entre ciudadanos, es decisiva para evitar las consecuencias indeseadas sobre la salud y el sistema sanitario. El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud dejó sin asistencia básica sanitaria a miles de mujeres extranjeras, entre las que se hallaban víctimas de trata, ya hubieran sido o no identificadas por las FSE. En muchos espacios cerrados de prostitución esto tuvo repercusiones indeseables (1). Las mujeres que ejercían la prostitución se comunicaban los saberes médicos y farmacéuticos entre ellas, señalando el antibiótico o la medicación más oportuna en función de la dolencia, y con un uso nada indicado (dos o tres días), que mermaba eficacia del fármaco. Además, esta imposibilidad de acceso a la atención primaria creó un mercado ilegal de fármacos y psicofármacos para población inmigrante sin precedentes (2). Las medidas políticas muchas veces no son preventivas y producen más problemas en la salud comunitaria y el sistema sanitario de lo que pretende evitar. Existe un mercado ilegal de fármacos y psicofármacos que facilita a la población más excluida y vulnerable el acceso a estos productos y las prohibiciones sólo aumentan las situaciones de ilegalidad.


(1) Datos recogidos en el trabajo etnográfico de la autora.
(2) Esta autora ha sido testigo tanto del mercado ilegal de fármacos como el uso de los mismos, al margen de la indicación médica en los años del decreto y posteriores. Este Decreto generó a nivel microsocial, en espacios cerrados de prostitución, un aprendizaje y un comercio ilegal de medicación, que suele persistir durante años. Las prohibiciones deben ser estudiadas y planificadas, para evitar las consecuencias indeseables o negativas en la población.


Reflexiones finales y retos pendientes

Si nos detenemos en la pregunta que titula este trabajo tenemos que responder que las aportaciones de psicólogos y psiquiatras son fundamentales para las víctimas, en su detección, identificación, recuperación e incluso protección.


Las secuelas e implicación en la salud física y mental, así como el sufrimiento por la violencia vivida, de las personas que han sido víctimas de trata requieren una especial atención. Las víctimas pocas veces acceden a los servicios sanitarios cuando están bajo el dominio de los tratantes salvo que enfermen, que pueden ser abandonadas o acompañadas a servicios de emergencia. Este encuentro, -o cualquier otro que pueda producirse en situación de esclavitud-, con profesionales sanitarios puede ser un momento adecuado para identificarlas como víctimas. En otras ocasiones, que se le permite el acceso a la atención primaria, el conocimiento de los sanitarios sobre las situaciones de las personas migrantes puede generar un puente que posteriormente se materialice en una ayuda para el rescate. Es una oportunidad para identificarlas y proporcionarles apoyos. Se requiere el conocimiento y la formación adecuada en médicos/as y enfermeros/as que permitan esa detección e identificación, para que otros profesionales especializados puedan intervenir posteriormente. La gestión del recate de la víctima hay que realizarla con cautela y con profesionales especializados para no ponerlas en peligro y que sean escondidas por sus tratantes. Los psicólogos/as y psiquiatras especializados en trata de seres humanos deben estar en los equipos de identificación de víctimas desde la administración pública, que es a quien le compete esta tarea y no delegarla en las ONGs para que cubran las limitaciones de las FSE.


Existe una inclinación en centrarnos en la trata con fines de explotación sexual, pasando desapercibida la trata con finalidad de explotación laboral, mucho más prevalente como ha manifestado en más de una ocasión la Organización Internacional del Trabajo en algunos de sus informes. Por otra parte, en el último informe GRETA (2018), se urgía a España en el avance de la detección e identificación de víctimas de trata en los sectores económicos más proclives al trabajo forzado o por servidumbre, que pasa desapercibida, especialmente entre los inmigrantes irregulares y demandantes de asilo y refugio.

La formación y preparación de profesionales especializados para la recuperación de todo tipo de víctimas de trata nos lleva a señalar a psicólogos/as y psiquiatras. Se precisa que no solo sean expertos en vivencias traumáticas y cómo superarlas, sino en la trata de seres humanos, conociendo los indicadores de identificación y adquiriendo herramientas y habilidades para trabajar desde una dimensión multicultural y multiétnica.


Para detectar e identificar a una posible víctima desde los servicios sanitarios se requiere una mirada diferente a las personas migrantes, más si carecen de documentación adecuada o si son mujeres que ejercen la prostitución. En este último caso muchas veces son vistas y juzgadas más como prostitutas que como una posible inmigrante en situación de explotación o esclavitud. Una buena detección e identificación de víctimas de trata, sin sobredimensionar la victimización ni confundirlo con otros delitos, requiere un mayor tiempo de atención sanitaria a la población, con especial sensibilidad a las personas migrantes y con el conocimiento de los indicadores de valoración. Se deberá proporcionar información relevante y comunicarse en su idioma, utilizando traductores si es posible. Esto es un desafío para la sanidad española, cuya presión y demanda asistencial se realiza con poca disponibilidad de tiempo.

Pero el principal reto que todavía no se ha logrado es la protección de las víctimas. Las medidas de protección internacional son muy restrictivas, pues prevalece un enfoque de control migratorio más que de posible identificación y ayuda a víctimas de trata. De hecho, las identificaciones como víctimas son escasas, tal como podemos apreciar en los datos oficiales. Por otra parte, se requiere articular recursos de atención a las víctimas, procedan del tipo de explotación que sea. Si se rescata a un número importante de víctimas de trata procedentes de la explotación laboral, la administración se encuentra con un problema importante porque carece de recursos para atenderlas, ya que no disponen de alojamiento, apoyo y atención psicológica a estas víctimas.


Por último, una mayor sensibilización de la población, de los profesionales de los servicios públicos, pero también de la administración pública y de las políticas aplicadas debe articularse. Se crean campañas y mensajes de concienciación anti trata centrándose exclusivamente en la que tiene finalidad sexual, magnificando en muchas ocasiones informaciones y datos, frente
a otras que pasan desapercibidas, y no se articulan las medidas suficientes para identificar y atender a todo tipo víctimas de trata.


Contacto
Carmen Meneses-Falcón ✆ 915 422 800 ✉ cmeneses@comillas.edu
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Bibliografía

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• Aceptado: 23/12/2020.


De ellos ¿quien me va a proteger?

De ellos ¿quien me va a proteger?

From them who will protect me?

José Manuel Lalana Cuenca.

Psiquiatra. Presidente de la Sociedad Aragonesa de Salud Mental (SASM-AEN).

Norte de salud mental, 2021, vol. XVII, nº 64: 7-10.

Una vez finalizada la segunda década del segundo milenio, creo que no queda ninguna duda del paradigma socioeconómico que impera en nuestra sociedad. Estamos ante una evolución más salvaje, de un capitalismo que ya de por sí lo era. Más salvaje porque su principal objetivo ya no es solamente generar plusvalía y acumular capital ad limitum, reduciendo el estado a su mínima expresión, crear una sociedad compuesta por “individuos sumergidos en las heladas aguas del cálculo egoísta “ (1), sino generar subjetividad, crear un nuevo hombre, en el que ese Neoliberalismo con todas sus características esté introyectado en todos y cada uno de esos individuos (en palabras de Margaret Thatcher: “la economía es el método, el objetivo es cambiar el corazón y el alma”).


Este homus neoliberalis que tan acertadamente describió Ivan de la Mata como “una empresa de sí mismo” (2) es el que estaría convocado a estar constantemente compitiendo por su supervivencia, a ser el único responsable de sí mismo. Individualización radical, en tanto depositaria en la propia persona de cualquier responsabilidad en su propio devenir, más allá de su contexto social, y que está llamada a presidir el conjunto de todas sus relaciones, que se convierten en cambiantes y volátiles, en mera mercancía de intercambio (una individuación disoluta del sujeto postmoderno en palabras de Bauman).


Este Poder Neoliberal, un poder represivo y precarizante, desintegrador de identidades colectivas, generador de explotación y sufrimiento, atraviesa por completo todas esferas de la vida, desde la ecología a la salud, mercantilizando todas ellas. Es en esta lógica donde se instala una variable fundamental: la desigualdad, y su derivada: la exclusión social.

En el campo de la salud esta mercantilización la ha transformado en una línea de promoción de productos, en lugar de seguir siendo considerada un bien colectivo. Los determinantes sociales de la salud, reconocidos ampliamente y desde hace tiempo como los fundamentales (la pobreza el primero), han sido “borrados de la ecuación”, y el concepto se ha equiparado al de asistencia sanitaria, una asistencia gestionada por proveedores que compiten por captar “clientes” rentables. La universalidad de las prestaciones sanitarias y la gestión pública de las mismas, garante de la equidad, se cuestiona radicalmente, potenciando el aseguramiento privado y, bajo la excusa de la libertad, traspasando la planificación colectiva de las necesidades a una ficticia elección individual, espejismo platónico de un deseo arrebatado.


El ámbito de la salud mental, sería un campo especialmente abonado para este tipo de cambios. En él cabrían toda serie de depositaciones de este malestar social, hábilmente transformado en una patología o déficit individual ajeno a cualquier condicionante externo. El paro se convierte así en una falta de adaptación a un mundo laboral que no genera inseguridad y precarización, sino abundancia de oportunidades; la falta de vivienda o la pérdida de la misma se muta en una falta de previsión y en una vida “por encima de las posibilidades”; la violencia de género en alto estrés e impulsividad y una actitud personal ambivalente; la pobreza extrema en mezcla de inadaptación social y daño colateral; todos ellos con sus correlatos en forma de Trastornos Mentales (depresivos, de ansiedad, de la personalidad…), sabiamente recogidos de una forma “ecléctica” por las biblias modernas de La Psiquiatría, que incluso a la locura le privan de su significado de doble exclusión y la transforma en un significante hoy en día vacío: la esquizofrenia. Para ello, el Poder neoliberal y sus “brazos armados” en perfecta connivencia (legislaciones, industria farmacéutica, instituciones psiquiátricas…) construyen y se apropian de un lenguaje que lo vehicule, y que se expresa en forma de un reduccionismo pseudocientífico que todo lo puede explicar más allá de la persona y su sufrimiento real, y que todo lo puede tratar, quiera o no quiera esa persona, porque todo se ha transformado en síntomas que conforman enfermedades y que instituyen al que lo posee con la identidad inequívoca de enfermo (o trastornado). En palabras de Javier Padilla, “La forma de nombrar tiene valor performativo y condiciona nuestras decisiones y expectativas” (3).


Por supuesto en una lógica de mercado es fundamental generar una demanda, que por un lado ha de dar salida a una producción y por otro se ha de adecuar a una cada vez mayor oferta de consumo de bienes y servicios, entrando en una espiral infinita de necesidades que han de ser satisfechas con prontitud por los diferentes vendedores. En el mercadeo de la salud mental tenemos múltiples ejemplos, que a lo largo de los últimos decenios hemos podido observar con toda su “parafernalia” consumista. Sufrimientos humanos se transforman en enfermedades que llegan a ser auténticas modas, convirtiéndose en altamente prevalentes, con remedios principalmente (o solo) farmacológicos, que ya muchas veces les preceden en su existencia. Así hemos visto como progresivamente la timidez se transformaba en Fobia Social, la angustia en Trastorno por Ataques de Pánico, la reacción emocional intensa ante hechos traumáticos en Trastorno de estrés Postraumático, los cambios de humor en Disforia premenstrual o incluso en Trastorno Bipolar, las dificultades de adaptación vitales en Trastornos de Adaptación o Depresiones postparto. Actualmente, y ya desde hace unos años, es flagrante la “hiperpresencia” del TDAH. En un ejercicio de auténtico funambulismo incluso hemos asistido a como efectos secundarios de los propios fármacos se transformaban en enfermedades que requerían de otros fármacos: ahí tenemos a la Depresión Bipolar.

El actor principal es la industria farmacéutica, con estrategias de marketing complejas, más o menos sutiles y en ocasiones perversas e incluso claramente fraudulentas (ahí están las demandas millonarias a las principales “compañías” por ocultar datos de estudios, estudios completos u otro tipo de transgresiones). Como actores secundarios, pero necesarios, podríamos citar a los poderes políticos y sanitarios; renombrados psiquiatras y otros profesionales de la salud mental, reconocidos profesionales de la enseñanza (universitaria principalmente), muchos de ellos elevados al nivel de “expertos”; medios de comunicación, etc.

Junto a estas modas diagnósticas y patológicas (y patologizantes) asistimos a una medicalización constante de la vida cotidiana. Observamos eslóganes rimbombantes y afirmaciones, que se transforman en axiomas, y que transmiten, al modo de “hoja de ruta” las actuaciones en materia de política sanitaria: “la década del cerebro”, “la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo”, “la depresión tiene un tratamiento eficaz”, “La esquizofrenia es un trastorno grave del neurodesarrollo que dura toda la vida y que afecta la forma cómo una persona piensa, siente y se comporta”, “la salud mental es la próxima epidemia” y… “el suicidio en más del 90% de los casos se produce en personas que tienen un trastorno mental tratable”.

Esta última afirmación encabeza los numerosos planes de prevención del suicidio que parecen ser la última de estas modas en este nuestro” mundo de la salud mental” (llamado a ser el “centinela de occidente” de la psicomoral neoliberal). No hay administración, sistema de salud, fundación o sociedad científica que se precie que no tengan o esperen tener uno, en una especie de carrera preventivo céntrica que plantea como necesaria, a toda costa, el control de un acto que más allá de cualquier otro significado, es considerado por la ideología imperante como el fruto de una mente enferma, como un síntoma o incluso directamente como una patología individual y como tal ha de ser estudiado, diagnosticado y tratado/ prevenido.

Si bien es cierto que el suicidio es un acto envuelto mayormente en dolor y sufrimiento, es tomado como un hecho biológico y no como un acto íntimo y privado. Como en todo proceso médico, se estudian los factores etiológicos, con especial hincapié en la “evidente” heredabilidad, en la vulnerabilidad genética (en octubre de 2020 en la revista de la Asociación Americana de Psiquiatría se ha publicado un editorial titulado “prediciendo el suicidio” junto a un artículo en esta dirección) y sobre todo en el Trastorno psiquiátrico concurrente (se elaboran tablas con la frecuencia de asociación de los mismos a la conducta suicida), relegando a un nivel puramente estadístico los llamados “factores ambientales”; se aplican cuestionarios que lo clasifican en “bajo” o “alto riesgo”, con escasa fiabilidad y validez predictiva pero que condicionan el tratamiento a seguir, más allá de la norma general de administración de psicofármacos ( antidepresivos sobre todo, pero también neurolépticos, anticonvulsivos e incluso un nuevo “fármaco anti suicidio”, como bautizaba la prensa en su presentación en septiembre 2018) y que puede llegar hasta actos formales de coerción “por el bien del paciente“ (tratamientos forzosos, contención mecánica, internamientos compulsivos, incapacitación legal). “El peligro para uno mismo es de las pocas indicaciones claras de hospitalización involuntaria que se acepta en la actualidad “reza el manual de psiquiatría más universalizado, que también sentencia que”. La mayoría de los suicidios en pacientes psiquiátricos pueden prevenirse, ya que las pruebas señalan que el suicidio se asocia con frecuencia a una evaluación o un tratamiento inadecuados” (4); obviando el hecho de que el progresivo incremento de la tasa de suicidios se está dando en una época en la que un número cada vez mayor de personas reciben tratamiento psiquiátrico, tal y como reflejan las cifras del aumento de consumo de psicofármacos año tras año ( hay estudios que relacionan el consumo de ISRS con mayor índice de intentos y de suicidios consumados, especialmente en niños y jóvenes ). Protocolos, guías, árboles de decisión, comités de expertos, libros blancos, congresos y convenciones, prácticas “basadas en evidencias”, materiales “educativos” para público y profesionales sanitarios, titulares (“epidemia de suicidios”, “crisis de salud pública”) y, como no, un día mundial del suicidio, son aditamento fundamental en esta farsa cientifista.

En cualquier caso, el suicidio sigue considerándose como algo “reprobable y condenable, un acto de insubordinación contra las instancias del poder”, eclesiástico, social o legal, “que se legitima ideológicamente a expensas de defender el principio de la vida a cualquier precio” (5), y que sitúa a los suicidandos frente al mismo, calificándoles como pecadores, locos o delincuentes y, en cualquier caso, merecedores de la exclusión, del estigma, del encierro… Con la construcción del paradigma biomédico, el actual Poder Neoliberal, somete al individuo a una contradicción con su propia libertad. Al considerar al suicida como una persona enferma, con una patología mental, se infiere que ésta le impide elegir con libertad, legitimando a la Autoridad a actuar unilateralmente, incluso con violencia si es necesario, ya que es “por un bien mayor”. Por contra, la persona sana es la que “elige libremente” mantenerse dentro de un Sistema que le aboca a esa individuación radical, a una negación del lenguaje y le somete a un modo de producción alienante que de facto le sustrae su libertad y le llena de malestar, constituyéndose para él los espacios terapéuticos como “un imaginario de refugio frente al despiadado mundo real” o como “el doble ilusorio de una comunidad que ha dejado de existir”, en expresiones de Guillermo Rendueles (6).

Es precisamente en el trabajo de reconstrucción de esa Comunidad en el que pensamos que han de ir encaminados nuestros esfuerzos como ciudadanos y como profesionales del campo de la salud mental. Para ello tenemos que problematizar el orden social, debemos cuestionar radicalmente la razón neoliberal que nos atraviesa, germen de un gran sufrimiento personal. Hemos de (re)tomar el compromiso con lo colectivo y la lucha por la justicia social, construyendo contextos igualitarios y emancipadores, en los que la subjetividad de cada persona sea tenida en cuenta como patrimonio forjador de su libertad.

Debemos confrontar y analizar nuestras propias contradicciones, renunciando a nuestro propio poder, sucursal internalizada del Gran Poder, en aras de ser capaces de armar otro tipo de relación con las personas que, desde su dolor, como terapeutas nos convocan. Una relación (diádica o grupal) más horizontal, de presencia, de escucha, de acompañamiento, de confianza, de apoyo, de esperanza y de respeto… Respeto por una vida que merece ser vivida con dignidad hasta su final.

Es por eso que no podemos situar la muerte al margen de la vida, sino como parte esencial de la misma. La muerte voluntaria, como acto humano que es, tiene un sentido, comunica, nos habla de lo latente y de lo manifiesto, de lo simbólico y de lo real. Es único en cada individuo, y su significado, al que sólo el suicida tiene acceso (al menos en parte), no puede etiquetarse desde afuera de una forma simplista y reduccionista. Es con toda seguridad un fenómeno complejo, inscrito en un momento histórico concreto, en el que hay que considerar la interacción de factores del mundo interno del sujeto con factores de la sociedad que habita, y los sentimientos, conscientes e inconscientes, que de esa interrelación surgen. Plantear la prevención de este acto tan íntimo y particular desde la óptica exclusivamente de la (bio) clínica positivista, además de no cumplir el objetivo (pretendidamente) pretendido, puede llegar a ser incluso yatrogénico. Más allá de una necesaria meta prevención, como apunta Padilla, “la posibilidad de que estas actividades tengan cierto poder transformador… probablemente dependa de que transiten de esta prevención más biopolítica a la promoción más comunitarista que tenga en cuenta las condiciones de vida y sirva para generar lazos que construyan perspectivas diferentes en el ámbito de la salud mental” (3).

Bibliografía
  1. Marx k, Engels F. El Manifiesto Comunista. Madrid: Ediciones Endymión, 1987.
  2. De la Mata I. Salud Mental y neoliberalismo. En: Maestro A, González E, Rendueles G, Fernández A, De la Mata I. Salud mental y capitalismo. Madrid: Cisma Editorial, 2017.
  3. Padilla J. Prevención: ¿aún podemos ser amigos? Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Madrid: 2019; 39 (135): 159-175.
  4. Sadock B, Sadock V, Ruiz P. Kaplan and Sadock: Sinopsis de Psiquiatría. (11th edición). Barcelona: Lippincott Williams and Wilkins.
    Wolters Kluwer Health, 2015.
  5. Critchley S, Colina F. Recogidas en Menéndez F. Suicidio: clínica o voluntad de morir. Cuad. Psiquiatr. Comunitaria. 2020; 17 (1): 10-26.
  6. Rendueles G. La utopía del preventor: ¿un bello día, un mundo libre de suicidios? Cuad. Psiquiatr. Comunitaria. 2020; 17 (1): 27-55.

Revista Norte de Salud Mental Nº64

Egun on, lista para lectura y descarga nuestra revista Norte de Salud Mental, que ya llega al número 64, en estos tiempos que nos está tocando vivir. Donde cuidarse, es cuidar de los demas. Un abrazo y disfruten de un domingo de lectura distendida.

Saludo, buenos deseos y convocatoria

ome
OME

Estimadas y estimados socios de OME

Ahora que finaliza este inesperado año 2020 de pandemia que tanto ha
distorsionado nuestras vidas, hemos visto oportuno desde la junta de OME
enviaros un saludo. Saludo de cercanía y de deseos de que las cosas vayan
mucho mejor en 2021… a pesar de que sigamos con notorias limitaciones y
medidas de higiene y protección.

Tras dos años con menor actividad a la que estábamos acostumbrados, desde la nueva Junta directiva y quienes nos hemos brindado a la colaboración, hay especial ánimo hacia más y nuevas iniciativas para el próximo período. Las limitaciones en la actividad presencial nos han llevado a
pensar en otras opciones, a sabiendas que la mayor utilización de recursos on line… (la web, lista de distribución, revista, webinars y otros recursos para realizar debates, conferencias, talleres, grupos de trabajo…) van a jugar un papel importante, como ya lo vienen haciendo algunos de ellos desde la AEN. Algunas secciones (historia, terapia grupal, psicoanálisis…) y otros grupos de trabajo ya han mantenido cierta actividad en red.

Queremos informaros que el próximo jueves 28 de enero a las 18:00 realizaremos la Asamblea de OME, quedando, por el momento, pendiente el tipo de conexión para ese día. Se notificará el enlace ya a mediados de enero.

ORDEN DEL DÍA, para la Asamblea de OME:

a)- Memoria del período anterior (2019 y 2020), con las actividades desarrolladas…………………….Iñaki Markez
b)- Balance económico……………………………..Sofía Abaitua
c)- Plan estratégico y algunas iniciativas para el próximo período desde la nueva Junta directiva de OME……Elida Grande
d)- Candidatura(s) a la Junta de OME…………..María C. García

Votación desde la plataforma Zoom

e)- Ruegos y preguntas.
Asamblea dinamizada por……………..Patricia Insúa.

Propuesta de Candidatura de Junta de OME

  • Presidenta ……….. ELIDA GRANDE ……………..Psiquiatra……Bizkaia
  • Vicepresidenta……CARMEN GARCIA …………..Psicóloga…….Bizkaia
  • (gr. trabajo sobre género)
  • Secretaria…..………MARIA C. GARCÍA-NICOLÁS. Psiquiatra…..Nafarroa
  • Tesorera………..…..SOFIA ABAITUA……………….Psicóloga……Bizkaia
  • Vocales…………….PATRICIA INSUA……………..Psicóloga……Gipuzkoa
  • ………………………..M. LUISA SANCHEZ-C. ……Psiquiatra…..Gipuzkoa
  • ………………………..COSME SANCHEZ……………Tr. social…….Bizkaia
    (gr. trabajo de Tercer Sector)
  • ……………………..…AINTZANE INTXAUSTI……….Psiquiatra……Gipuzkoa
  • ………………………..BITTOR PUENTE……….…….…Psiquiatra……Araba
    (sección de psicoanálisis)
  • ……………………..…TINA SOTA…………………….Psiquiatra inf,…Araba
  • ……………………..…MIKEL VALVERDE …….……Psicólogo……..Nafarroa
  • ……………………..…MARTA HERNANDO………Terap. ocup……Nafarroa

Naturalmente y atendiendo a los Estatutos de OME, si hubiera otra candidatura será igualmente presentada al conjunto de la asociación e igualmente sometida a refrendo.

Otras Responsabilidades que darán información y balances a la junta de OME:

  • Florencio Moneo…. vicepresidente de la sección de Terapia Grupal.
  • Iñaki Markez……… Publicaciones/ revista Norte de salud mental.
  • Olatz Barrenetxea… vicepresidenta de la sección de dd.hh.

En Bilbao, a 30 de diciembre de 2020
La Junta directiva de OME

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

OME-ko bazkide agurgarriak,

2020-ko urtean izan dugun pandemia, gure bizitzak hankaz gora jarri digun urtea bukatzear
dagoenean, OMEko junta kideek agur bat bidaltzea baloratu dugu. Agur hurbila eta 2021eko
urteak dakarguna hobeago izango den esperantzarekin eta desioz beteta, nahiz eta momentuz
mugak eta zaintzarako bete beharreko neurriak mantendu behar izango ditugun.

Azkenengo bi urteetan ohiko baino jarduera eta ekintza gutxiago izan ditugu, baina Artezkaritza
berria eta laguntzaile gisa gure burua eskaini dugunok, hurrengo denboraldirako ekimen berriak
aurrera eramateko prest gaude. Aurrez aurreko ekintzak egiteko, ditugun mugak kontutan
hartuta, beste aukera batzuk aurrera eramatea pentsatu dugu. Badakigu aukera nagusiena
online tresna erabiltzea dela…(web, banaketa zerrenda, aldizkaria, webinars eta beste baliabide
batzuk eztabaidak, konferentziak, tailerrak, lan taldeak,…. ), AENetik batzuk erabili eta ikusi
ditugunez, ezin besteko tresnak bihurtu dira. AENeko sekzio batzuk (historia, talde terapia,
psikoanalisia, giza eskubideak,…) eta beste lan talde batzuk, beraien aktibitate eta jarduerak
honela mantendu izan duten bezala urte honetan.

Jakinarazi nahi dizuegu datorren urtarrilaren 28an, arratsaldeko 18.00etan, OMEko Asanblada
burutuko dugula. Momentuz erabakitzear dago zein konexio mota erabiliko dugun egun
horretan. Urtarrilaren erdirako bidaliko zaizue esteka.

OME-ko ASANBLADA-rako GAI ZERRENDA
a) 2019-2020 egindako jardueren memoria……………..Iñaki Markez.
b) Balantze ekonomikoa…………………………………………..Sofia Abaitua.
c) Zeregin estrategikoa eta OME-ko Artezkaritzatik, hurrengo denboraldirako
proposatuko diren ekimen berriak………………………Elida Grande.
d) OME-ko Juntarako hautagaiak…………………………….Maria C. Garcia.

Bozketarako ZOOM plataforma erabiliko da.

e) Galde-eskeak.

Asanbladaren dinamizatzailea………………………………………… Patricia Insua.

OME-ko Juntarako Hautagaien Proposamena

1.- Lehendakaria………………ELIDA GRANDE………………………Psikiatra…………………….Bizkaia
2.- Lehendakari ordea………CARMEN GARCIA…………………..Psikologoa………………….Bizkaia
3.- Idazkaria……………………..MARIA C. GARCIA-NICOLAS…..Psikiatra……………………..Nafarroa
4.-Diruzaintza…………………..SOFIA ABAITUA……………………..Psikologoa………………….Bizkaia
5.- Bokala………………………….PATRICIA INSUA……………………Psikologoa…………………..Gipuzkoa
6.- Bokala………………………….M. LUISA SANCHEZ-C……………Psikiatra……………………….Gipuzkoa
7.- Bokala…………………………COSME SANCHEZ………………….Gizarte Langilea……………Bizkaia
8.- Bokala………………………….AINTZANE INTXAUSTI…………..Psikiatra………………………Gipuzkoa
9.- Bokala………………………….BITTOR PUENTE……………………Psikiatra……………………….Araba
10.- Bokala……………………….TINA SOTA…………………………….Psikiatra……………………….Araba
11.- Bokala……………………….MIKEL VALVERDE………………….Psikologoa……………………Nafarroa
12.- Bokala………………………MARTA HERNANDO……………..Terapeuta Okupazionala…Nafarroa

OME-ko Estatutuak kontuan izanik, beste hautagaien zerrenda egon ezkero, elkartean
aurkeztuko da eta bozketan sartuko da.

OME-ko junta kideei balantze eta informazioa emango dien beste arduradun batzuk:

  • Florencio Moneo…….Talde Terapia Sekzioko Lehendakari Ordea.
  • Iñaki Markez……………Norte Salud Mental aldizkari eta argitalpen arduraduna.
  • Olatz Barrenetxea…… Giza Eskubideen Sekzioko Lehendakari Ordea.

Bilbon, 2020ko abenduaren 30an.
OME-ko Artezkaritza

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

Guía para el uso del lenguaje en relación al diagnóstico psiquiátrico funcional

Guía para el uso del lenguaje en relación al diagnóstico psiquiátrico funcional

Esta guía ha sido redactada por el Beyond Functional Psychiatric Diagnosis Committee —Comité Para Superar el Diagnóstico Psiquiátrico Funcional de la Division of Clinical Psychology División de Psicología Clínica.
© The British Psychological Society 2014
The British Psychological Society
St Andrews House, 48 Princess Road East, Leicester LE1 7DR, Reino Unido
Teléfono 0116 254 9568 Fax 0116 247 0787
Correo electrónico mail@bps.org.uk Web www.bps.org.uk
Registrada en el Royal Charter Registered Charity (Registro de Entidades Benéficas) con el número 229642


Propósito


El objetivo de este documento es ayudar a que los psicólogos clínicos elaboren documentos usando un lenguaje acorde con la declaración de principios de la Division of Clinical Psychology (DCP) respecto a los diagnósticos psiquiátricos funcionales.

Revista Norte Salud Nº 63

Revista Norte Salud Nº 63

Buenos días, ya a vuestra disposición, para lectura y descarga, un nuevo e interesante número de nuestra revista Norte de Salud Mental. Esperamos sea de vuestro interés, y que este atípico verano, nos depare nuestros mejores anhelos. Salud.

La Federación Mundial de Salud Mental (WFMH) apoya la campaña: «Acompañe. No castigue»

La AASM adhiere a la declaración de la WFMH

«Acompañe. No castigue» es una campaña de defensa global para crear conciencia sobre los daños causados ​​por la criminalización de las personas que usan drogas. La campaña se creó en 2013, en reconocimiento de la necesidad de cambiar las leyes y políticas que impiden el acceso a las intervenciones de reducción de daños, y promover el acceso a la salud y el respeto de los derechos humanos de las personas que usan drogas.

La Federación Mundial de Salud Mental reconoce la importancia que la OMS está otorgando a los temas relacionados con la salud mental, pero no debemos desconocer que, en la actualidad, en la mayoría de los países, no se está respetando el derecho de acceso a los servicios de salud mental a la mayoría de las personas con consumo problemático de drogas.

La Federación Mundial de Salud mental considera firmemente que las adicciones deben formar parte de las políticas públicas de salud mental sin ningún tipo de diferenciación con otros padecimientos orgánicos o mentales.

Coincidimos con la OMS cuando afirma que “la cobertura de tratamiento para los padecimientos por consumo de sustancias es inadecuada”.

Estamos observando que, en la mayoría de los países, las políticas de salud mental no incluyen en sus programas abordajes para las personas con problemáticas causadas por consumo de drogas, obligándolas a tener que recurrir a programas ofrecidos por instituciones que funcionan fuera del sistema de salud, y que muchas veces no cumplen con los más mínimos criterios terapéuticos y principios éticos.

Si bien está claro que los problemas de adicciones son un tema de salud, en la práctica, estas personas están siendo expulsadas sistemáticamente de los hospitales generales y centros de salud, públicos y privados, especialmente cuando necesitan ser internadas.

Este tipo de situaciones se producen porque en el imaginario social (de los miembros de la comunidad profesional, de muchos integrantes de los gobiernos, y de la sociedad en general) existe la certeza de que las personas que usan drogas son criminales, violentos y marginales, y por eso no merecen el mismo trato que el resto de la sociedad.

Esto se produce como resultado de la creciente persecución y criminalización que sufren esas personas como consecuencia de las leyes vigentes en muchos países que penalizan al usuario de drogas. Estas leyes no solo no han logrado que disminuya el consumo, sino que han generado la estigmatización y la expulsión de los usuarios de drogas del sistema de salud.

En este contexto, pedimos los gobiernos de todo el mundo a modificar las leyes que penalizan el consumo de sustancias y que establezcan políticas publicas de salud mental que incluya a las adicciones junto al resto de los padecimientos mentales, respetando el derecho a acceder al sistema de salud a las personas que tienen problemas por consumo de drogas, incluyendo abordajes comunitarios y territoriales éticos, con perspectiva de derechos, interdisciplinarios, y, fundamentalmente, con internaciones en hospitales generales, fuera de instituciones que tengan como abordaje principal el encierro y no implemente prácticas aceptadas por la comunidad científica internacional.

Dr. Alberto Trimboli,

Presidente de la Sección de Adicciones de la WFMH

Desigualdades sociales en salud: el covid como «crisis matrioska»

Desigualdades sociales en salud

Próximo encuentro virtual AEN

Desigualdades sociales en salud: el covid como «crisis matrioska»

Miércoles 10 de junio a las 19:00 h.

Tras reflexionar en el primer encuentro sobre narrativas y relatos suscitados por el covid en esta ocasión ponemos el foco en qué nos ha desvelado y desvela esta pandemia de la sociedad en la que vivimos. Una vez más un emergente, en este caso microbiológico, pone de relieve las profundas diferencias que tienen nuestras vidas entre sí en función de las condiciones en las que nos toca vivirlas.

El debate, en el que esperamos vuestra participación, correrá a cargo de:
Pedro Gullón, epidemiólogo, miembro del Colectivo Silesia
Javier Padilla, médico de familia y comunidad, miembro del Colectivo Silesia
Belén González, psiquiatra feminista de CSM, miembro de la AMSM

Modera: Marta Carmona

Hablaremos de cómo las desigualdades sociales en salud aparecen en lo macro y en lo micro, en nuestra cotidianidad como profesionales pero también como ciudadanos, para entrecruzar miradas desde campos distintos pero complementarios.

Os esperamos el próximo miércoles 10 de junio a las 19:00 en el canal de youtube de la aen:

https://www.youtube.com/c/AsociaciónEspañoladeNeuropsiquiatría

y este es el enlace directo a la emisión: https://youtu.be/IBE8pZTMzKg

Por otra parte os anunciamos ya que el próximo miércoles 17 de junio tendrá lugar el siguiente encuentro virtual, titulado «Intervención de salud mental en la crisis covid19. La experiencia del equipo de Salud Mental del Hospital Universitario La Paz».

Los sistemas sanitarios y equipos de salud mental no suelen estar preparados para afrontar una crisis como la vivida por la emergencia del covid19. Por ello que se hace más importante difundir las experiencias desde distintos lugares asistenciales. La comunidad de Madrid fue una de las áreas más afectadas del país y en concreto el hospital La Paz uno de los centros con más personas ingresadas. En este webinar el equipo de salud mental del Hospital La Paz en Madrid reflexiona sobre la experiencia, comparte las intervenciones que fueron más específicas de la fase aguda de la pandemia y algunas lecciones aprendidas.

En este webinar el equipo de salud mental del Hospital La Paz en Madrid reflexiona sobre la experiencia, comparte las intervenciones que fueron más específicas de la fase aguda de la pandemia y algunas lecciones aprendidas.

Presentación Marife Bravo Y Beatriz Rodriguez Vega (Jefa de servicio y de sección. Hospital U La Paz)

El proceso de duelo Jesus Marti Esquitino y Laura Blanco. (Psicologo clínico y enfermera de salud mental)

Apoyo a los equipos intervinientes. Entrenar la pausa de regulación emocional. Pablo Aguirre y Angela Palao. (Psiquiatras)

Intervenciones de apoyo a la comunicación con familias en las UCIs. Susana Cebolla, Ainoa Muñoz y Iker Louzao. (Psiquiatras)

Esperamos vuestras participación en ambos encuentros. Aunque subiremos los enlaces de acceso y la presentación de los próximos encuentros a la web y las redes sociales, y os iremos enviando mails, os recomendamos que os suscribáis al canal de youtube de la AEN para no perderos ninguna novedad.

https://www.youtube.com/c/AsociaciónEspañoladeNeuropsiquiatría

Medidas urgentes en los Centros Penitenciarios, durante esta pandemia de coronavirus…

Medidas urgentes en los Centros Penitenciarios durante esta pandemia de coronavirus…

Guía 4. Medidas urgentes en los Centros Penitenciarios durante esta pandemia de coronavirus… y para el próximo período (*)

1- Presentación

Conocedores del derecho a la salud de las personas privadas de libertad, expresamos la preocupación por la falta de preparación de las administraciones penitenciarias para hacer frente a la propagación del COVID-19 en el continente europeo y, en la mayoría de los países, por la falta de consideración de la situación específica de los centros penitenciarios en los planes estatales de prevención y en los respectivos sistemas de salud pública. Las cárceles son amplificadores de la propagación de enfermedades infecciosas (Lancet, 2016). Sin embargo, aunque los niveles de exposición y respuesta al COVID-19 varían de un país a otro, debido a las grandes disparidades en las características de los sistemas penitenciarios y el desempeño de los sistemas de salud nacionales, parece que, la cuestión de las prisiones se ignora a nivel europeo, a pesar de que las prisiones son lugares con un alto riesgo de transmisión.

Ya en el mes de marzo de 2020, en el Estado español, numerosas organizaciones sociales dirigieron a diferentes grupos políticos e instituciones** distintos documentos sobre la situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad durante la pandemia provocada por el Covid-19, solicitando la adopción de medidas sobre los derechos de las personas presas, un colectivo humano en situación de especial vulnerabilidad en las prisiones del Estado. A este respecto, en la guía elaborada por la Organización Mundial de la Salud sobre las actuaciones que deben realizar los Estados respecto a las personas privadas libertad se señala (1), entre otras medidas, que:

se debería considerar con mayor detenimiento el recurso a medidas no privativas de la libertad en todas las etapas de la administración de la justicia penal” a la vez que, en particular, “se debe dar prioridad a las medidas no privativas de la libertad para los presuntos delincuentes y los reclusos con perfiles de bajo riesgo y especialmente vulnerables, dando preferencia a las mujeres embarazadas y a las mujeres con hijos dependientes”.

Organización Mundial de la Salud.

(*) Basado en otra guía de la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría/Profesionales de Salud Mental).

(**) Defensor del Pueblo español, Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT)…

(1) Organización Mundial de la Salud, “Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention”, 15 de marzo de 2020. Disponible en: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID19-in-prisons.pdf


Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (2), ha solicitado a los gobiernos respecto a este mismo tema que:

“…procedan con rapidez a fin de reducir el número de reclusos y señaló que varios países ya habían adoptado medidas positivas al respecto. Las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos especialmente vulnerables al COVID-19, entre otros a los presos de más edad y los enfermos, así como a los detenidos menos peligrosos. Asimismo, las autoridades deberían seguir atendiendo las necesidades sanitarias específicas de las mujeres reclusas, incluso de las que están embarazadas, de los internos con discapacidad y los menores de edad”.

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Por otro lado, el Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes ha publicado una declaración de principios (3) dirigida a todos sus Estados miembro en la que solicita:

“habida cuenta del mayor riesgo de contagio entre las personas que están en condiciones de custodia y otros lugares de detención, el SPT insta a todos los Estados a (…) 2) Reducir las poblaciones carcelarias y otras poblaciones de detención siempre que sea posible mediante la aplicación de esquemas de libertad anticipada, provisional o temporal para los detenidos para los que es seguro hacerlo, teniendo plenamente en cuenta las medidas no privativas de la libertad indicadas como previstas para las Reglas de Tokio”.

Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

En el ámbito europeo, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha aprobado otra declaración de principios (4) en la que establece que:

“Dado que el contacto personal cercano contribuye a la propagación del virus, las autoridades deben centrar sus esfuerzos en el uso de medidas alternativas a la privación de la libertad personal (…). Además, las autoridades pertinentes deberían hacer un mayor uso de medidas no privativas de la libertad, como alternativas a la prisión preventiva, la conmutación de la pena, la libertad condicional y la libertad condicional; la revisión de tratamientos sanitarios obligatorios (TSO), la baja o adaptación de los residentes de instalaciones para personas con discapacidad o ancianos”.

Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.

(2) Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Hay que tomar medidas urgentes para evitar que el COVID-19 ‘cause estragos en las prisiones’”, 25 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=S

(3) Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, “Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic”, 25 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf

(4) Comité para la Prevención de la Tortura, “Declaración de principios relativos al trato de las personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, 20 de marzo de 2020. Disponible en: https://rm.coe.int/16809e0a89

Además, la Comisionada para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha solicitado a los Estados miembro (5) que:


“De conformidad con las normas pertinentes de derechos humanos, como lo indica el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) en su Declaración de Principios COVID-19, el recurso a alternativas a la privación de libertad es imperativo en situaciones de hacinamiento y más aún en casos de emergencia. Debe prestarse especial atención a los detenidos con problemas de salud subyacentes; a las personas de edad que no representan una amenaza para la sociedad; y a quienes han sido acusados o condenados por delitos menores o no violentos. La disminución de la población carcelaria es indispensable en toda Europa para garantizar la aplicación efectiva de los reglamentos sanitarios y aliviar la creciente presión sobre el personal penitenciario y el sistema penitenciario en su conjunto”.

Comisionada para los Derechos Humanos del Consejo de Europa.

El 17 de abril de este año 2020, tras varias quejas dirigidas por numerosas organizaciones sociales instando a que el Ministerio del Interior aplicara con carácter inmediato los principios y medidas recomendados por las organizaciones internacionales, el Defensor del Pueblo español declaró que había solicitado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP):


“…si están aplicando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para abordar el problema del Covid-19 en el medio penitenciario que son “plenamente” compartidas por el Defensor del Pueblo”.

Defensor del Pueblo.

(5) Comisionada para los Derechos Humanos, “COVID-19 pandemic: urgent steps are needed to protect the rights of prisoners in Europe”, 6 de abril de 2020. Disponible en: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/covid-19pandemic-urgent-steps-are-needed-to-protect-the-rights-of-prisoners-in-europe

2 – Situación de los centros penitenciarios

Entre las organizaciones nacionales e internacionales preocupadas por la situación de las cárceles españolas, hay unanimidad en torno a los principios y actuaciones que hay que emprender con carácter urgente en los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado. Hasta ahora, ni el Ministerio del Interior, ni la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ni las consejerías autonómicas competentes, han prestado la atención debida a la situación de las personas privadas de libertad, como tampoco a sus familiares y allegadas.

Las personas privadas de libertad están en una situación de contacto, ya sea en celdas, talleres de producción, patios, etc. Su vida penitenciaria supone el desplazamiento en grupos, de quienes se encuentran en prisión. La organización de la atención en las prisiones no está diseñada para hacer frente a una situación de crisis. Los servicios suelen estar insuficientemente equipados y dotados de escaso personal y no pueden hacer frente adecuadamente a la carga ordinaria de las enfermedades comunes, estando en dependencia de los dispositivos hospitalarios y comunitarios.

  1. Según las Estadísticas Anuales del Consejo de Europa, el Estado español tiene una de las mayores tasas de encarcelamiento de Europa occidental, con 126 personas presas por cada 100.000 habitantes (6), muy superior a la media europea a pesar de que la tasa de criminalidad es baja. Si la tasa de encarcelamiento se acomodara a la de criminalidad, esta cifra se reduciría y un 50% de personas encarceladas estaría en libertad.
  2. El Estado español, con un 7,5% de mujeres presas respecto del total de población privada de libertad, tiene de las mayores tasas de encarcelamiento femenino del Consejo de Europa.
  3. El Estado español, con un 28,1% de personas extranjeras privadas de libertad respecto del total de la población penitenciaria, está entre los países con mayores tasas de encarcelamiento respecto a la media europea.
  4. El Estado español, con un 20% de la población reclusa con una edad igual o superior a 50 años, se encuentra entre los Estados miembro con una de las tasas de encarcelamiento más alta respecto a este grupo. El número de mayores de 65 años o más son en España son personas.
  5. A pesar de que la duración del encarcelamiento en Europa se redujo de 8,2 meses en 2017 a 7,7 meses en 2018, España con 21 meses se encuentra entre los países con medias de privación de libertad más elevadas de todo el continente.
  6. Según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (II.PP.), en las cárceles dependientes de ella había 1.661 personas presas con discapacidad psíquica, 327 personas presas con discapacidad intelectual y 1.098 personas presas con discapacidad física (7).
  7. El índice de personas muertas en las cárceles, dependientes de la Secretaría General aumentan año a año. En 2017 murieron 147 personas presas, en 2018 murieron 210, en 2019 fallecieron 194 y en lo que vamos de 2020 han muerto ya 57 personas.
  8. Según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en 2019, el personal médico en las cárceles dependientes de ella era de 285 médicos/as y 6 psiquiatras (8). El número de profesionales es muy inferior al necesario para una correcta atención médica en las cárceles tal y como han reconocido la Secretaría General de II.PP. así como el Ministerio del Interior.
  9. Según el Defensor del Pueblo español (2018), “más del 75 % de los médicos que trabajan en los centros penitenciarios tiene más de 55 años. Además, el ingreso de nuevos funcionarios para sustituir las bajas se ve afectado por la gran diferencia retributiva con los servicios de salud de las comunidades autónomas […]. Junto al dato del envejecimiento de los facultativos se destaca que el 26,72 % de las plazas de médicos de los centros penitenciarios están vacantes”.
  10. Estamos ante una población con alto riesgo de enfermedades transmisibles y que ahora se enfrenta a un grave factor de riesgo de gravedad de coronavirus. En la población reclusa la incidencia de la enfermedad física y mental es más elevada que en la población general. La prevalencia en prisión de la toxicomanía, así como de otras enfermedades como el VIH, la tuberculosis, la hepatitis C o la grave sobrerrepresentación de la enfermedad mental requieren de una intervención por parte de la Administración penitenciaria.
  11. En relación con la crisis sanitaria del covid-19 y según datos oficiales de la Secretaría General de II.PP., a fecha 29 de abril de 2020, habían fallecido 5 personas (2 internos de Madrid VII, 3 funcionarios de los CP Alicante, CP Cuenca y del CP Soria); 301 han dado positivo en covid19 (248 trabajadores y 53 internos); y la mayoría de ellas no han sido trasladadas a dependencias sanitarias. Además, en torno un millar (470 trabajadores y unas 530 personas presas) se encuentran en observación médica o en cuarentena.

(6) Consejo de Europa, “Estadísticas Penales Anuales – SPACE I 2019”. Disponible en: http://wp.unil.ch/space/files/2020/04/200405_FinalReport_SPACE_I_2019.pdf

(7) Datos disponibles en: https://www.publico.es/politica/prisiones-mil-presos-problemas-salud-mental-recluidoscarceles-comunes.html

(8) Disponible en: https://www.consalud.es/profesionales/con-285-medicos-6-psiquiatras-sostiene-sanidadpenitenciaria-espana_75165_102.html

3 – Medidas adoptadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

El 27 de marzo de 2020 fue editado y remitido el Documento técnico sobre Recomendaciones en centros penitenciarios en relación al COVID-19 desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. De aquel texto podemos señalar algunos aspectos.

  1. No se ha facilitado el acceso a los test a toda la población presa, ni a todo el funcionariado de prisiones, con el fin de detectar los casos reales y poder aislar sanitariamente a las personas sintomáticas y así evitar la propagación del coronavirus. Esto es uno de los puntos débiles de la gestión global de esta crisis sanitaria ante la carestía de medios a nivel mundial. La OMS ha advertido del posible fracaso en la contención del virus si no había una prevención adecuada en las prisiones a través, entre otras actuaciones, de las pruebas de detección. En su Guía provisional sobre Preparación, prevención y control del COVID-19 en las prisiones y otros lugares de detención afirma que, en el contexto actual del brote, la estrategia de contención incluye la rápida identificación de los casos, así como su aislamiento y manejo, ya en el centro penitenciario o en un centro sanitario, recomendando que las personas que se expusieron a un contacto con el COVID-19 sean puestas en cuarentena durante 14 días. Tampoco se ha facilitado, a las personas presas ni al personal funcionario, equipos de protección (EPIS) para prevenir el contagio.
  2. Sobre la atención sanitaria, no se ha diseñado ni aplicado, un plan de actuación en materia preventiva y asistencial específico para las prisiones, reforzando de inmediato la plantilla de personal sanitario dentro de prisión. Antes del estallido de la actual crisis sanitaria (también social y económica) sin precedentes, la gran cuestión pendiente de nuestro sistema ya era la gestión de su sanidad y la dotación de suficientes recursos personales y materiales. Sin embargo, y hasta el momento, sólo dos CC.AA., Cataluña, con las competencias de prisiones transferidas desde el 1 de enero de 1984, y País Vasco, que lo hizo en 2011 en lo referente al área sanitaria, habían asumido ese traspaso de la sanidad penitenciaria ordenado por la Ley. No obstante, ni el Servei Català de la Salut ni Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) han publicado ningún protocolo específico para los centros penitenciarios en esta situación. Otras CC.AA. se negaron a asumir las competencias penitenciarias, dando lugar a conflictos que han llegado a judicializarse con reclamaciones a Instituciones Penitenciarias. Mientras tanto, ahora no se está atendiendo en espacios sanitarios a todas las personas presas contagiadas, ni a las personas en cuarentena. Tampoco al personal trabajador en los centros penitenciarios.
  3. Para evitar el hacinamiento y garantizar la distancia social, no se han tomado, de modo inmediato y generalizado, medidas de excarcelación de la población recluida en situación preventiva, con condenas cortas, en tercer grado, gravemente enferma y mayor de 70 años. Recomendación realizada por el Defensor del Pueblo, y por otros organismos internacionales, de “facilitar las progresiones de grado de estas personas. En este sentido, considera que se debe impulsar la celebración de juntas de tratamiento telemáticas y la remisión de la documentación precisa por vía electrónica”.
  4. Se ha aplicado la suspensión de las comunicaciones con familiares y no se ha garantizado en todas las cárceles y a todas las personas presas los medios telefónicos y telemáticos necesarios para evitar las consecuencias (angustia, desinformación…) que viven familiares y allegados. El Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto el 17 de abril que “ha abierto una actuación de oficio con las administraciones penitenciarias para conocer cómo se está llevando a cabo el reparto de teléfonos móviles para videoconferencias con familiares y abogados” pues considera “que debe incrementarse el número y la velocidad en la distribución de estos terminales”.

Con fecha 29 de abril, la Dirección General de Ejecución Penal comunica a los centros penitenciarios por el que se extiende a los terapeutas de las entidades externas la utilización de los terminales de telefonía móvil para la comunicación de internos e internas por videollamada.

4 – Directrices de la OMS contra la propagación de COVID-19 en centros penitenciarios

La OMS proporcionó a los Estados orientación sobre las medidas de salud pública que pueden frenar la transmisión y la propagación de COVID-19. En consecuencia, muchos Estados han adoptado medidas para prohibir las reuniones, cerrar la mayoría de los lugares públicos e imponer una cuarentena a la población para garantizar la distancia social. Sin embargo, aunque no todos los países están en pie de igualdad a este respecto, hay que decir que las medidas recomendadas por la OMS no se aplican, en su mayor parte, en las prisiones.

a) La política seguida: reducción del contacto de los reclusos con sus familiares.

En general, las autoridades estatales se han limitado a proporcionar información sobre el virus y a limitar drásticamente el contacto de los reclusos con el mundo exterior. Sin embargo, estas medidas no parecen prevenir adecuadamente los riesgos de contaminación, que pueden ser causados por los nuevos ingresos, los traslados de las personas encarceladas a los tribunales o el personal que trabaja en la prisión.
En el caso de Francia, el Defensor del Pueblo francés ha recomendado (i) favorecer, mediante medios de comunicación a distancia, las relaciones entre personas privadas de libertad, sus familias y sus abogadas/os y, al mismo tiempo, ha instado a la (ii) adopción de medidas de excarcelación por razones médicas, especialmente respecto a aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. En Italia, el 21 de marzo, el Departamento de la Administración Penitenciaria mandó comprar 3.200 móviles para que presos y presas, con independencia del régimen que tuvieran, y puedan hacer videollamadas gratis a sus familiares.
En el caso del Estado español, el 27 de febrero la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) ofreció pautas de actuación a su personal a través de un Protocolo para que sepa cómo actuar en el caso de que una persona privada de libertad presente síntomas compatibles con el ‘Covid-19’. El Protocolo contempla que, si una persona presa tuviera “contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección” y, además, se trata de un “contacto asintomático sin sintomatología respiratoria aguda”, deberá permanecer en su celda individual en situación de aislamiento y «vigilancia activa» durante 14 días -período de incubación del virus- desde la última exposición. El BOE publicó la Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, sobre las medidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias tras el estado de alarma.

b) Situaciones recurrentes de reagrupamiento de personas.

En la actualidad, los detenidos se enfrentan todavía a múltiples y rutinarias situaciones de reagrupamiento, para pasar lista, ducharse, algún trabajo, etc. El personal penitenciario está en contacto diario con un gran número de detenidos, realiza registros corporales y de celdas.

c) No se llevan a cabo las intervenciones necesarias.

Las autoridades no parecen tener en cuenta los riesgos de propagación interna dentro de la prisión. Con frecuencia, los detenidos no están en condiciones de observar las instrucciones sobre la higiene de las manos. No se ha dispuesto de mascarillas y material protector suficiente para las personas sintomáticas ni para el personal sanitario. Tampoco las suficientes opciones de limpieza por ejemplo de los teléfonos comunes, higiene de manos en el patio o celdas, etc.

5 – Algunas medidas para la Salud psicosocial de las personas que hoy están en prisión.

1 → En relación a las medidas referidas a la asistencia sanitaria

  • – Reforzar el funcionamiento del personal sanitario dentro de prisión, especialmente en aquellos centros penitenciarios donde no existe actualmente asistencia por ausencia de personal. La integración funcional y orgánica en los sistemas de salud autonómicos ha de ser el camino inmediato que dé solución a las carencias de la atención a la salud en el medio penitenciario.
  • – La contención, detección y seguimiento de casos y contactos no es posible sin los profesionales de la Atención Primaria (AP), aunque hoy se realice con los hospitales. El equipo de salud del Centro Penitenciario será como los miembros de los centros de salud, más cercanos a la gente, ahí se dan las desigualdades y donde impactan los determinantes sociales de la salud.
  • – En caso de que se diera algún positivo, procurar que se realice el aislamiento en una instalación sanitaria, no en celda como una sanción.
  • – Medidas especiales de control para los funcionarios y trabajadores. Hasta ahora son quienes han dado positivo y quienes pueden ser fuente de contagio al estar en contacto físico con las personas privadas de libertad.
  • – Volvemos a las limitaciones previas. Se necesita menos precariedad y plantillas estables en los equipos de salud, más formación y más apoyo para la vigilancia epidemiológica, mejor coordinación con hospitales y centros de salud de referencia y más orientación comunitaria, con abordaje de los espacios sociales donde retornarán.

2 → Para las personas en prisión preventiva.

Para quienes están en situación preventiva, 9.363 personas en enero de 2020, el 16% de la población reclusa cifrada en 58.369 personas, es posible su excarcelación por motivos humanitarios pudiendo realizarse a través de dos vías.

  • I. Revisión por parte de Jueces o Tribunales competentes de la necesidad del mantenimiento de la prisión provisional o la posibilidad de su sustitución por alguna otra medida cautelar no privativa de libertad. En no pocos casos la razón de ser de esa medida cautelar privativa de libertad, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), decaerá ante la imposibilidad del investigado o encausado de destruir pruebas, actuar contra los bienes jurídicos de la víctima o sustraerse de la actuación de la justicia, pues su salida de la prisión supondrá su confinamiento en el lugar de residencia. Es una situación excepcional que ha supuesto el cierre de nuestras fronteras con imposibilidad de viajar.
  • II. En el caso en que se determine la necesidad de la privación de libertad para alcanzar los fines señalados, sólo queda una vía, limitada a los supuestos de enfermedad: el arresto domiciliario. La LECrim limita esta figura a los supuestos en los que el internamiento entrañe un grave peligro para la salud del investigado o encausado por razón de su enfermedad (art. 508.1).

3 → En cuanto a la población penada.

La normativa penitenciaria ofrece otras vías para responder de forma humanitaria a la excepcionalidad planteada por el riesgo del COVID-19.

  • La figura del tercer grado contenida en los artículos 104.4 RP y arts. 36.3 CP permite la concesión del tercer grado humanitario. En concreto, el art. 104.4 RP permite la clasificación de penados con enfermedad muy grave con padecimientos incurables en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad, valorándose el informe médico, con independencia del resto de variables en el proceso de clasificación. –
  • Por su parte, el art. 36.3 CP, incorporado en la reforma del 2015, permite al Juez de Vigilancia -al Tribunal sentenciador en el caso de la prisión permanente revisable- acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal valorando especialmente su escasa peligrosidad.
  • Mayores limitaciones ha establecido el legislador penal en la configuración de la libertad condicional humanitaria en el art. 91 CP, pues si bien permite que el Juez de Vigilancia Penitenciaria -el Tribunal sentenciador en caso de la prisión permanente revisable- pueda acordar la concesión de la libertad condicional sin acreditar el cumplimiento de más requisito que la valoración de la falta de peligrosidad relevante, limita esta posibilidad a los casos de peligro patente para la vida a causa de la enfermedad o avanzada edad del penado. En cambio, la libertad condicional humanitaria prevista para septuagenarios o enfermos muy graves con padecimientos incurables solamente exime del requisito temporal, debiendo satisfacer el penado el resto: buena conducta, clasificación previa en tercer grado, satisfacción de la responsabilidad civil derivada del delito y, en su caso, colaboración con las autoridades.
  • Sin embargo, la revisión de oficio por parte de las juntas de tratamiento no debería limitarse a los casos de ancianidad y enfermedad grave, dos grupos de riesgo muy vulnerables, debiéndose ampliar a la posibilidad de valorar la aplicación de las figuras del tercer grado y del art. 100.2 RP, en este caso con una propuesta de régimen de vida que, de inmediata ejecutividad, debe ser posteriormente refrendada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, a otros penados clasificados en segundo grado en los que, en ese contexto de confinamiento al que ha llevado el estado de alarma, se reduce de una manera importante su peligrosidad.
  • Para personas afectadas en su Salud mental, es preciso que funcione el principio de flexibilidad del Art. 100, para aplicarlo inicialmente de tal forma que la vinculación con la red comunitaria de salud mental se garantice desde el inicio del cumplimiento de sus penas/medidas de seguridad. La ausencia de perspectiva comunitaria es una limitación muy importante.
  • A señalar que no se puede obviar la situación en la que quedan personas extranjeras no comunitarias en situación irregular al ser excarceladas.
  • El PAIEM, Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales en centros penitenciarios no puede quedar reducido a un catálogo de actividades que realizan los internos con adherencia al tratamiento. No son estas personas quienes se adaptan al programa, sino el programa el que se flexibiliza para poder atender las necesidades de las personas. En los últimos años, los recursos humanos y la financiación para este programa han disminuido, y con ello la atención a reclusos integrados en el programa. En un Estado de Derecho como se pretende, no pueden mermarse los derechos de las personas sometidas a la tutela del Estado cuando cumplen condenas.

4 → En cuanto a las medidas destinadas a la comunicación.

  • Se debe garantizar el derecho a la información por parte de las personas presas y sus familias. Esa información debe dirigirse, en primer lugar, a que los internos tengan conocimiento actualizado y accesible del desarrollo de la pandemia y de las medidas adoptadas, a nivel general y, en particular dentro de las prisiones, para prevenir y contener su propagación. Como señala la OMS en su Guía provisional sobre Preparación, prevención y control del COVID19 en las prisiones y otros lugares de detención dado que actualmente no existe vacuna alguna para prevenir el COVID-19, todas las personas que están en las prisiones y centros de detención, tanto el personal como los internos, deben tener un conocimiento amplio de las estrategias de prevención como las medidas higiénicas, la necesidad de cubrir la tos y los estornudos, la necesidad del distanciamiento físico (al menos uno o dos metros) así como de los síntomas para poder estar alerta ante su posible aparición.
  • – Se debe garantizar en todas las cárceles la comunicación de las personas presas con sus familiares y personas allegadas del exterior o presas en otras cárceles para lo que es necesario que se garantice la gratuidad de las llamadas telefónicas. Así mismos es necesario que en todas las cárceles se garantice esta comunicación también mediante video conferencia, igualmente de forma gratuita, y pudiendo preavisar a las personas del exterior con antelación suficiente para que las mismas se puedan llevar a cabo. De manera lo más rápida y clara posible.
  • – Deberán retomarse, al menos y cuanto antes, las comunicaciones por cristales de las personas presas con sus familiares y personas allegadas. Debiendo adoptar las medidas sanitarias oportunas, y autorizar el desplazamiento de las familias y personas allegadas a las cárceles de dentro y de fuera de su provincia para realizar las comunicaciones.

5 → En cuanto a las actividades dentro de prisión.

  • El pasado 12 de marzo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ordenó la prohibición de entrada a las cárceles a cualquier persona ajena a la institución penitenciaria. Así pues, desde aquella fecha, el criterio oficial fue que ninguna persona profesional o voluntaria de entidades sociales o administraciones autonómicas, provinciales o locales pudiera acceder a los centros penitenciarios a realizar sus actividades; después, solo en algún C.P. se han reiniciado: Se deben reabrir en todas las cárceles que no lo hayan hecho. Tampoco se han habilitado fórmulas para que las actividades puedan continuar desarrollándose por vías telemáticas.
  • Entre las actividades suspendidas están las dirigidas al tratamiento de adicciones, el tratamiento de salud mental, el tratamiento de violencia de género y de agresores sexuales, el contacto para derivaciones a comunidades terapéuticas o pisos de acogida, etc. actividades que dotan de fundamento a la pena privativa de libertad según lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución.
  • Es por ello necesario retomar la actividad dentro de las prisiones, también las ocupacionales y laborales (con algunas quejas por carecer de opción de ERTE), aunque la Entidad Estatal para Trabajo Penitenciario haya enviado en la última semana de abril, una resolución a los centros penitenciarios en la que se autoriza la reapertura parcial de algunos talleres de empresas externas en diversos centros penitenciarios.

Se ha suspendido la asistencia jurídica y eso genera indefensión (así no hay mecanismos de control externo), con decisiones arbitrarias sobre permisos, clasificaciones, sanciones, restricción de comunicaciones, etc. Y hasta finales de junio habrá restricciones interprovinciales, pues la mayoría están fuera de sus provincias de residencia. Si bien las limitaciones del contacto con el mundo exterior pueden justificarse cuando son proporcionales al riesgo y van acompañadas de medidas compensatorias adecuadas, hay que subrayar que el aislamiento de las cárceles en sí mismo aumenta el riesgo de malos tratos, más en situaciones de crisis y pánico. Limitar las visitas y actividades conduce inevitablemente -como ya está ocurriendo- a situaciones de gran tensión. Las administraciones penitenciarias se enfrentarán a una presión notoria. Si no se adoptan rápidamente medidas de socorro, en particular en lo que respecta al número de personas privadas de libertad, pueden encontrarse con situaciones muy difíciles de gestionar. Hay demasiadas carencias en el sistema actual, hay descuidos de implantación de recursos que están contemplados en la legislación penitenciaria, pero no aplicados.

6- Referencias documentales

Esta Guía 4 Medidas urgentes en los centros Penitenciarios durante esta pandemia de coronavirus… y para el próximo período se editó en Bilbao, el 30-4-2020. Coordinación: Iñaki Markez; Imagen de Portada: Baile de pájaros de Cveto Marsic.

Con el impulso de:

OME ……………Osasun Mentalaren Elkartea/ Asociación Vasca de Salud Mental.
OSABIDEAK …Asociación en defensa de la Salud de las personas privadas de libertad.
OSALDE ………Osasun Eskubidearen aldeko Elkartea/ Asociación por el Derecho a la Salud.
OSATZEN ……Familia eta Komunitateko Medikuen Euskal Elkartea/Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria.

Apoyo frente a las Adicciones, durante esta epidemia de coronavirus

apoyo frente a las adicciones durante el covid 19
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Guía 3
Apoyo frente a las Adicciones, durante esta epidemia de coronavirus.

La salud no es solo ausencia de enfermedad, también es bienestar subjetivo, es decir, la satisfacción y capacidad de desarrollo respecto de los proyectos de vida. Debemos abordarlo no solo médicamente, sino psicosocialmente, con estrategias de adaptación de las personas, familias y la propia comunidad. Ahora asistimos a una medida inesperada de gran impacto sociosanitario en esta confrontación contra el virus COVID-19. Un periodo de confinamiento doméstico de la población bajo el lema #quédateencasa, un gran reto comunitario donde subrayamos la encomiable labor del personal sanitario y de todas las personas que mantienen el sistema. Las interferencias en nuestra vida cotidiana son y serán miles, las rutinas en el hogar, en el trabajo, en el ocio, en cualquier espacio público y privado se ve afectado con unos costes económicos y laborales que comenzamos a temer. Pero nos han de preocupar también los costes sociales, familiares y personales. Conscientes o no, es posible que veamos recortados aspectos de nuestros derechos y libertades, aflorarán vivencias de soledad y, casi seguro, otros síntomas asociados a nuestra ansiedad y estados de ánimo.

Estamos ante una situación de alarma en la salud mental, directamente por esta pandemia y por las consecuencias laborales y económicas. Asistimos a una limitación de apoyos sociales, duelos asociados a pérdidas laborales, rupturas afectivas y pérdidas de seres queridos a los que no podemos velar por la actual situación, van a estar afectando nuestras emociones, y será prioritario el sistema de apego con la compañía de estos otros seres queridos que están en nuestra casa. Hay cuadros psicológicos, psiquiátricos y comportamentales como las depresiones, algunas muy severas, trastornos psicóticos y las adicciones que exigen una atención específica. Es el caso de las Adicciones, sabemos que el consumo de diferentes sustancias puede ocasionar dependencias o cuadros relacionados con consumos excesivos, intoxicación o abstinencia, teniendo consecuencias no sólo en quien las consume sino también a nivel social, familiar, en la comunidad vecinal y ocasionalmente por las calles y carreteras. No olvidemos que vivimos en una sociedad donde hay un consumo de drogas importante. Ahora, este contexto psicosocial nos ha sorprendido, con demasiados aspectos novedosos que nos van a obligar a “inventar” iniciativas que ayuden a recuperar la salud de las personas afectadas por cualquier motivo.

A veces, en esta situación podremos ver un mantenimiento del problema o incluso veremos que el cuadro adictivo se intensifica, y puede haber problemas que aumenten, por ejemplo el abuso de videojuegos o de juegos online y el consumo de sustancias legales, como los hipnosedantes, o en distintos patrones como el consumo solitario de alcohol. No son pocos quienes si no salen a comprar se van a sentir muy mal, se van sentir muy enfermos. En estas primeras semanas de confinamiento los datos de consumo apuntan a un aumento de la compra de cerveza en supermercados, aunque este hecho nos puede llevar a una interpretación errónea de la realidad ya que no debemos interpretar que se consume más alcohol; pues hay que recordar que los bares están cerrados y, sin embargo, sí es posible que se hayan dado descompensaciones, cuadros de abstinencia a alcohol, precisamente por un consumo escaso respecto a semanas previas. Por contra, es muy posible que disminuya el consumo de hachís, cocaína, heroína, u otras sustancias psicoactivas ilegales, puesto que ha disminuido significativamente la oferta de estas sustancias en el mercado a causa de la situación de Estado de Alarma y el miedo al contagio. Está por ver si las personas harán lo de siempre, “más de lo mismo”; o si como respuesta a su malestar por el encierro, por la desesperanza, o el aumento de la ansiedad, inclusive por mera cuestión existencial o por descompensación psicológica optan por consumir alguna sustancia pese a la restricción. Esto podría ocurrir con el tabaco y con bebidas alcohólicas, pero también con algunas sustancias estimulantes, hipnosedantes o también medicamentos que se prevé tengan un aumento en la demanda en las consultas y farmacias.

Sabemos que el aislamiento puede aumentar el riesgo de recaídas, con el aburrimiento y la frustración como motores de riesgo para una persona con una adicción. También estamos encontrando muchos casos de personas que están llevando bien esta situación, o dicho de otra manera, la cuarentena les ha impedido consumir y eso les ha sentado bien. Muchos jóvenes que consumen hachís han afirmado de manera sucinta encontrarse mejor, más positivos y con ganas de hacer cosas. Así pues, el confinamiento es también una oportunidad para mantenerse en la abstinencia. No pueden comprar, no pueden salir de casa y aunque al inicio tuvieron abstinencia, a los quince días de confinamiento, no serán pocos quienes aprovechen la situación para mantenerse sin consumir. Por otro lado, es previsible un mayor riesgo de recaídas en pacientes que estaban en tratamiento y lo tuvieron que interrumpir. Basta recordar que la adicción es una enfermedad recidivante con un importante componente emocional, con un distorsionado manejo de emociones pues les suele costar “sentir”, y se orientan a consumir para manejar esa emoción incómoda, mitigarla o amortiguarla.

  • El confinamiento obligado y necesario para la contención de los contagios supone una situación potencialmente crítica para que todas las personas puedan tener algún malestar. Quienes en el presente o en el pasado reciente tuvieron o tienen una situación de emociones disfuncionales o traumatizantes pueden volver a consumos inapropiados.
  • Esto lleva a conductas compulsivas, impulsivas y/o adictivas. El malestar, a su vez, puede ser de hiperactivación o de hipoactivación. Una y otra pueden llevar a consecuencias propias de cualquier dependencia.
  • Esta adicción a una sustancia en el confinamiento puede llevar a una vivencia y comportamiento retraumatizante, con el correspondiente riesgo de descompensación psiquiátrica. Estamos ante un colectivo vulnerable.
  • La atención psicológica se presenta, en este escenario de confinamiento actual, como una necesidad, a sabiendas de que sí hay recursos, aunque estos estén limitados.

Situaciones de riesgo psicosocial.

Hay circunstancias, en las vidas de las personas que, en una situación de estas características, pueden suponer mayores riesgos psicosociales, como son:

  • Dependencia del alcohol o de otras sustancias adictivas.
  • Situación de calle; personas sin techo o en precariedad habitacional.
  • Ausencia de vínculos con los que mantener una comunicación activa.
  • Ausencia de recursos personales para el entretenimiento.
  • Convivencia en entornos de riesgo (viviendas con violencia y sin apoyos).
  • Residir con persona violenta con repercusión en menores, personas mayores, mujeres, familia, vecindario…
  • Soledad no deseada y ausencia de redes de apoyo.
  • Pérdidas de puesto laboral.
  • Precariedad económica y ausencia de recursos económicos.
  • Y toda la variedad de factores socioculturales: familiares (uso de drogas por el padre y/o la madre o actitudes positivas hacia los consumos, divorcio o separación de los progenitores mal llevada, que suelen generar no pocos conflictos, o problemas de manejo de la familia, y bajas expectativas para niños/as o para el éxito); relacionados con el grupo de iguales (amistades con consumo de drogas, actitudes favorables hacia el consumo y, conducta antisocial o delincuente temprana); el entorno escolar y/o laboral (temprana conducta antisocial, incumplimiento normativo, poca dedicación, fracaso o abandono académico); y la comunidad (sin adecuada vinculación social, deprivación económica y social y, fácil disponibilidad de sustancias tanto legales como ilegales).

Adentrándonos en las cuestiones biológicas destacamos:

Parte de la población consumidora de opioides, los heroinómanos, es una población cronificada que padece comorbilidad con otras enfermedades. Es un colectivo que destaca por ser una población envejecida de consumidores, un grupo vulnerable, que nos sitúa ante una población de riesgo ante el Covid-19.

  • Según la Actualización del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT, 2020) sobre las implicaciones de COVID-19 para las personas que usan drogas y los proveedores de servicios de drogas elaborado en el mes de marzo, “La prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma son altas entre quienes están en tratamiento por el uso de drogas, y fumar heroína puede ser un factor agravante” (Palmer et al., 2012). Debido a que COVID-19 (como cualquier infección grave del pulmón) puede causar dificultades para respirar, puede haber un aumento en el riesgo de disfunción respiratoria entre usuarios de opioides. La naloxona bloquea el efecto y revierte las dificultades respiratorias causadas por los opioides y se usa en entornos hospitalarios y comunitarios como medida de prevención de sobredosis. Habrá que considerar si la naloxona favorece o afecta las dificultades respiratorias causadas por COVID-19.
  • En relación a los fumadores destacamos un reciente metaanálisis (Vardavas y Nikitara, 2020) donde se revisaron 71 estudios sobre pacientes contagiados de COVID-19 y la severidad de la enfermedad. Realizados en personas que fuman corrobora que fumar, con el impacto negativo que tiene el tabaco en los pulmones, está relacionado con complicaciones en personas con Covid19. Fumar empeora el pronóstico de la enfermedad, debilita el sistema inmunitario y su respuesta ante infecciones. También se reflejaba que del grupo de pacientes que necesitó ventilación mecánica o fue ingresado en la UCI o falleció, el 25% era fumador y un 7,6% era exfumador, poniendo en evidencia que uno de cada tres casos de complicaciones respiratorias estaba relacionado con el uso de tabaco. Por otro lado, el consumo de tabaco y la dependencia de la nicotina son muy comunes entre quienes dependen de opiáceos pudiendo aumentar el riesgo de tener cuadros más negativos.
  • Sobre los medicamentos hipnosedantes e hipnóticos, en esta pandemia de COVID-19, Laporte y Healy (2020) señalan que todos los medicamentos deben revisarse críticamente en los ensayos clínicos y estudios observacionales en la asociación entre la toma de medicamentos y el riesgo de adquirir neumonía y sus complicaciones. Medicamentos muy utilizados, como los analgésicos opioides, antipsicóticos y antidepresivos, los fármacos anticolinérgicos, corticosteroides inhalados y otros pueden aumentar el riesgo de neumonía. Ocurre que los pacientes de edad avanzada son propensos a recibir uno o más de estos medicamentos. Tratamientos que a menudo son ineficaces y se administran por períodos muy largos, a dosis incorrectas o con indicaciones no aprobadas. En esta pandemia, los tratamientos crónicos deben revisarse y, en ciertos casos, pausar algunos medicamentos y controlar sus efectos.
  • En cuanto a los estimulantes merece destacar la cocaína, ya que se encuentra una alta incidencia de enfermedades cardiovasculares entre los pacientes que se inyectan drogas y las personas que usan cocaína (Thylstrup et al., 2015; Schwartz et al., 2010). Por su parte la metanfetamina constriñe los vasos sanguíneos, lo que puede contribuir al daño pulmonar, y existe evidencia de que el uso indebido de opioides puede interferir con el sistema inmunitario (Sacerdote, 2006).

Claro que también los factores de protección ejercen su papel favorable:

De forma sintética y dentro del ejercicio de la transparencia podemos exponer los factores de protección que con más frecuencia se usan en la prevención de drogas:

  1. Factores de protección individuales como el autocontrol, la autoestima, la tolerancia a la frustración, el saber resolver conflictos, manejar la propia ansiedad, ser autónomo. Y aunque no esté muy de moda también incluimos los valores personales como el altruismo, la prudencia, competitividad adecuada, la normatividad, la proyección y planificación de futuro o responsabilidad, o las adecuadas actitudes vitales como valoración del esfuerzo para lograr metas, establecimiento y cumplimiento de límites, asumir normas, control adecuado sobre la conducta.
  2. Entre los factores de protección familiares podemos destacar la tan necesaria comunicación, participación y disfrute del ocio familiar, la supervisión parental cuando nos referimos a jóvenes y el posicionamiento claro de los padres frente a las drogas (en el caso de hijos adolescentes).
  3. Entre los factores de protección sociales: pertenecer a grupos sociales, el fuerte apego al barrio, la presión de grupos adaptados a sus normas asociadas, las habilidades sociales o el uso positivo del tiempo libre.

La epidemiología muestra que, en estas situaciones, además de aumentar los trastornos de ansiedad, y los riesgos de cuadros depresivos, así como abuso y dependencias del alcohol, han aparecido en escena otros síntomas producto de los cambios de funcionamiento social. Así nos vamos a encontrar también con trastornos de la conducta alimentaria, trastornos por estrés post-traumático, hiperfrecuentación por cuestiones psicosociales, adiciones sin sustancias y, con ellas, problemas varios de salud mental asociados no solo al confinamiento sino también a la precariedad y a la exclusión.

Reacciones similares a las demás personas.

Quienes tienen una adicción pueden tener diferentes reacciones, similares a otras personas de la ciudadanía, en esta situación de epidemia/pandemia. Estarán estresadas y preocupadas, con reacciones durante el periodo de cuarentena o aislamiento como: miedo a enfermar y/o morir; preocupación por no generar ingresos y/o ser despedido de su trabajo; temor posterior a ser excluido socialmente por su problemática en una situación que se prevé más complicada de lo normal; temor a no responder adecuadamente y defraudar a sus seres queridos ante la “necesidad” de consumir; sentimientos de impotencia, aburrimiento, soledad y tristeza; miedo a vivir la experiencia de una epidemia en una situación crítica. Esto va a requerir del manejo de situaciones del riesgo, de los deslices y de las recaídas. Veamos:

  • Manejo de las situaciones de riesgo. El mantenimiento de la abstinencia y la prevención de las recaídas tienen mucho que ver con en el manejo de las situaciones de riesgo. Es importante conocer las motivaciones para consumir sustancias (“bebo cuando estoy solo, si estoy triste, si discuto, o cuando estoy tenso, si estoy sola en casa, etc.”) ya que conociendo estas situaciones de riesgo podremos afrontar mejor las dificultades, aunque aparezcan descontextualizadas. Conocer las situaciones de riesgo nos sirve para identificar cuando aparece el impulso de beber, el contexto concreto donde se produce, y tras identificarlo podremos realizar actuaciones destinadas a neutralizarlo, eso es el manejo de la sed, o de la emoción asociada a la necesidad de la sustancia problemática. Identificar situaciones de riesgo permite tomar medidas contra ellas. Ahora que no se puede ir a bares, ni a fiestas, ni salir con amistades, no tener alcohol en casa es una situación nueva, pero sin duda, esta actual abstinencia forzada es la estrategia más eficaz para mantenerse abstinente. El papel del terapeuta desde la distancia- y en casos de urgencia presencialmente con todas las medidas de seguridad tomadas en la consulta y o el centro sanitario, es reforzar esas conductas de evitación. Las anteriores situaciones de consumo deben ser sustituidas por otras, para consolidar nuevos hábitos. La sed, como necesidad de ingerir líquido, pero sin alcohol.
  • Manejo de la sed. La sed es la gana y necesidad de beber; pero también es el apetito o deseo ardiente de algo. La sed forma parte de los estímulos que ponen en marcha el deseo de beber. Y la sed es sinónimo de deseo o impulso de bebida, y es el componente esencial de las situaciones de riesgo, cuyo manejo es uno de los elementos centrales del manejo de éstas y de la prevención de recaídas. La acción terapéutica hace explícita la posición de detectar y reconocer el deseo de beber, separase de él y posicionarse respecto a él.
  • Manejo de la recaída. Ante su presencia, el primer paso es diferenciar desliz y recaída (siguiendo las propuestas de Marlat (1998) trabajando con la persona la diferencia entre ambas situaciones. Hay que analizar cómo se ha producido, y ayudar al paciente a revivir la situación que le llevó al consumo. Eso se convierte en una toma de conciencia del proceso, lo que permite a paciente y terapeuta compartir acontecimientos que llevaron a la recaída, fijar los momentos claves en los que la decisión de consumir se abre, y revisar las estrategias de afrontamientos que se pusieron en marcha. Así mismo ha de revisarse, el estado emocional que llevó a la recaída, y también el estado que suele estar presente los días posteriores a la recaída: sentimientos de fracaso, inutilidad, vergüenza, culpa, o también una euforia defensiva o sentimientos de ira y resentimiento contra personas y situaciones que son un obstáculo para seguir bebiendo y satisfacer sus deseos.

Tenemos que caminar, en suma, hacia la construcción del trabajo en red. Ahora no es posible salir, después habrá limitaciones durante un tiempo, pero desde el teléfono u otros sistemas en red, desde la comunicación con miembros de la familia y con elementos de apoyo, podemos comenzar a tejer esa red.

Acompañar el impacto psicológico de las personas adictas

En buena lógica hemos de seguir estrictamente las directrices de las autoridades sanitarias, con las medidas preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Medidas que la ciudadanía debe entender y cumplir.

Pacientes con comorbilidad, con Patología Dual, presentan peculiaridades psicopatológicas y conductas que merecen nuestra especial atención. Son personas que presentan, simultáneamente, una patología adictiva y otro trastorno mental, lo que conlleva algunos condicionantes asistenciales a tener en cuenta en la intervención clínica:

  • 1. Debido a la cuarentena y a los controles policiales para hacerla respetar, es muy probable que falten sustancias psicótropas en el mercado ilegal. La limitación de sustancias psicótropas puede provocar cuadros de abstinencia que generen síntomas ansioso-depresivos y conductas anti-normativas en estos pacientes.
  • 2. La falta de sustancias psicoactivas puede provocar la descompensación psiquiátrica, con el riesgo de que presenten alteraciones conductuales y riesgo autolítico. No es descartable un deficiente acceso a la dispensación y prescripción de medicamentos (dificultades en su elaboración o distribución), como metadona y otros opioides, disulfiram, tranquilizantes, etc., lo que puede propiciar recaídas o reagudizaciones.
  • 3. Puede ser difícil la convivencia familiar si, junto al estrés de la cuarentena, muchas familias deben acoger en casa a personas con enfermedad dual que habitualmente hacen una vida callejera.
  • 4. Pacientes con patología dual que viven en situación de marginalidad, precisan implementar una cuarentena coercitiva que será, en muchos casos, muy difícil de sobrellevar.
  • 5. Ante la situación crítica del sistema sanitario, algunas unidades de desintoxicación, comunidades terapéuticas y otros recursos específicos pueden bloquear los ingresos, y hasta donde sabemos, han bloqueado los ingresos quedando algunas personas en mayor situación de vulnerabilidad.
  • 6. Es preciso informar a estos pacientes y a sus familias los teléfonos de la Red de salud mental y adicciones donde pueden consultar sobre su situación clínica. Si la atención por teléfono no fuera suficiente, es necesario recomendar a las personas con patología dual que no acudan a urgencias generales (ya colapsadas) y lo hagan a los dispositivos habituales.
  • 7. Pacientes que tengan que ingresar por el COVID-19, han de ser identificados como pacientes con patología dual que necesitan una medicación adicional a las medidas anti-infección.

Síndrome de abstinencia.

El síndrome de abstinencia es la situación por la que pasan las personas drogodependientes y quienes abusan repetidamente de los consumos, cuando carecen de sustancias en su cuerpo. Lo que se conoce como “Síndrome de Abstinencia” son un conjunto de reacciones físicas psíquicas y conductuales que aparecen cuando una persona que sufre un trastorno adictivo cesa su consumo.

Ahora que no hay movimiento, no se puede trapichear, no se puede comprar ni vender drogas ilegales y las existencias se han ido agotando. Las policías vienen realizando algunas aprehensiones y detenciones y, aunque sepamos que es solo una parte mucho menor de lo que suele circular, ocurre que el confinamiento dificulta de manera muy significativa el movimiento de estas mercancías ilegales. Es conocido que han caído mucho estos consumos.

Como también es conocido que las solicitudes de ayuda a los Centros asistenciales (centros de salud, de salud mental o de atención de las adicciones) siguen siendo frecuentes. Según los datos que disponemos ha aumentado la demanda de medicación ansiolítica e inductora del sueño. Y como ya apuntábamos, si hablamos de alcohol o tabaco es fácil suponer (y comprobar) el aumento de consumos en el ámbito doméstico. Lo dicen los estanqueros y las tiendas de comida y bebida, o simplemente con echar un vistazo a las estanterías semivacías de botellas de cerveza o vino en los grandes supermercados, aunque estos datos estarían por confirmar puesto que hay otros establecimientos que dispensan alcohol que han cerrado.

Estas personas con trastornos adictivos salen más, y pueden tener mayor osadía de romper el confinamiento por si pueden hacerse con “algo”, pero por la evidente falta de drogas por la actual situación, puede generarse irritabilidad, y no poca frustración, y si el síndrome de abstinencia es agudo, pueden llegar a actuar con violencia.

¿Cómo se afronta un mes (o más) un proceso de rehabilitación?

Cuando se inicia un proceso de rehabilitación es importante ocupar el tiempo con actividades diversas (de ocio, creativas, realizar deporte, de organización del día a día, y si se apoyan en grupos de ayuda mutua, tanto mejor) que ahora estarán limitadas por el espacio, al domicilio, en este sentido se pueden usar las tecnologías y seguir teniendo esos grupos de apoyo de modo on line. Además, el apoyo de la terapia individual o grupal y la asistencia al Centro de atención a las adicciones ahora lo tendremos solo en formato online y ocasionalmente, puesto que, en general, muchos trabajadores también están confinados y solo unos pocos son los que mantienen la actividad de los centros. El Estado de Alarma limita la libre circulación de las personas a lo estrictamente relacionado con ir a comprar alimentos o productos de higiene, acudir al centro sanitario si es necesario, a la farmacia, y a algunos trabajos, si son actividades imprescindibles para el sistema, y poco más. Todo esto se ha traducido en la cancelación de las terapias presenciales y las actividades habituales. Tener demasiado tiempo libre, si no se es capaz de organizar y rellenarlo adecuadamente, puede ser un riesgo para la recaída en las personas en proceso de rehabilitación.

La sociedad ha tenido que frenar la vida cotidiana a la que estábamos acostumbrados. Se ralentizan ritmos y rutinas que quedan relegados al ámbito doméstico. No es fácil, pues quienes están acostumbradas a gran actividad ahora se ven obligadas a estar horas y horas, día tras día en casa con poca actividad física. Si alguien tiene una mala relación con algún familiar, se ve obligado a compartir el espacio con personas que, tal vez, les gustaría no ver a lo largo de un mismo día, en este sentido y como la prioridad es la salud se recomienda que se pospongan todas las dificultades o conflictos para ser abordados en otro momento. Si viven solas pueden experimentar la soledad de no hablar con nadie. Las personas mayores, población de riesgo de esta enfermedad, pueden estar sintiendo miedo y mayor aislamiento. Los niños y niñas, acostumbradas a correr por los parques y patios escolares, verán limitado su espacio a pocos metros cuadrados. Todo ese grupo, además debe sentirse ‘agradecido’, pues hay situaciones peores como quedar en casa encerrada con tu maltratador. O no tener casa, ser alguien “sin hogar”. Esa legitimidad para quejarse, también puede ser pesada en estos momentos.

Algunas ideas para estos días.

Cada caso es muy particular y tendríamos que valorarlo, pero en general podremos resumir esas ideas:

  • Es conveniente establecer rutinas, respetar horarios de forma flexible, que incluyan higiene diaria, limpieza del hogar, alimentación saludable, espacio para tareas obligatorias y de ocio, así como hacer ejercicio físico en casa.
  • Intentar gestionar pensamientos negativos, ser conscientes de ellos y asumir que la realidad se puede construir de muchas maneras.
  • Hay que recordar que es más que conveniente mantener contacto con familia y buscar la complicidad de amistades, compañeros de trabajo, etc mediante videoconferencias o llamadas, pues es importante sentirse parte de un grupo. Aprovechar para expresar emociones. Y como decía Séneca “hay que saber tomárselo con humor, y entonces hasta tiene gracia”.
  • Fomentar la creatividad, tal vez sea un buen momento para desarrollar una afición nueva o retomar esas aficiones que habíamos apartado a causa de esa constante falta de tiempo de nuestros días como leer, pintar o incluso bailar y manualidades de todo tipo… complemento de una mayor comunicación.
  • Y como estamos comprobando, esta puede ser una excelente oportunidad para las personas con trastornos adictivos, encerrarse, sanarse, y seguro en pocos días se sentirán mucho mejor, el conflicto puede entenderse como oportunidad, una oportunidad de abandonar el trastorno adictivo. Todo irá bien.

Recomendaciones para seguir y prevenir recaídas.

CONSEJOS PARA CONTROLAR EL SÍNDROME DE ABSTINENCIA.

Lo fundamental, quienes estaban en tratamiento o en un proceso rehabilitador, es pedir ayuda, coger el teléfono, hacer uso de la videollamada y llamar a algún miembro del grupo terapéutico o al profesional: la psicóloga, al terapeuta que te está atendiendo… Y, por supuesto, comentar esas ganas de consumir. Puede ayudar mucho a un paciente transmitir sus ganas de consumir. Estas ganas de consumir en numerosas ocasiones disminuyen simplemente por el hecho de expresarlo. Poder hablar con alguien y que ese alguien valide el sentimiento que está teniendo el paciente puede resultar muy importante. Le pueden decir qué hay después de ese consumo y eso va a frenar su impulso, aunque solo sea con palabras. De modo que, el tener siempre un número de teléfono al que acudir y a alguien que te pueda escuchar durante un tiempo es una buena herramienta.

¿QUÉ PASA CON QUIENES YA HABÍAN SUPERADO SU ADICCIÓN?

En cuanto a los pacientes que ya han finalizado un tratamiento por cualquier tipo de adicción y han adquirido los recursos para manejar su problema, obviamente tienen menos riesgo de recaída que los que todavía están en tratamiento. Aunque depende del tiempo de abstinencia: sabemos que cuanto más tiempo se lleva sin consumir o sin jugar, menos riesgo se tiene de recaer. Para reducir el posible riesgo, concretamente con respecto al juego online, es una buena estrategia animar a no utilizar ordenador ni móvil, o limitar las horas de su uso. En buena lógica, el riesgo a una recaída es mayor en aquellos que han dejado de consumir hace poco que en quienes llevan diez años de abstinencia, se sobre entiende que los que llevan más años sin consumir tienen muchas más herramientas para manejar sus emociones y los distintos malestares, lo que no evita que en determinadas situaciones puedan recaer. En la actual situación es probable que pueda haber un aumento de ese malestar y, por ende, un aumento de deslices o recaídas. A medida que pasan los días es más frecuente que nos lleguen malas noticias y probablemente conozcamos a personas que ha podido fallecer por el virus, lo que fácilmente genera un malestar y duelos a resolver.

Encerrarse con una adicción.

La cuarentena pone a prueba los procesos de desintoxicación. Las personas adictas han vuelto a casa y la crisis del coronavirus ha obligado a los Servicios de atención a reorganizarse: muchos pacientes se han puesto en contacto con red familiar o han vuelto con sus padres. Los que no tienen un sitio al que volver o a quién acudir y los que necesitan mayor vigilancia permanecen en los centros. En muchos Centros se ha propuesto el encierro de trabajadores durante un número de días con el objetivo de minimizar el contagio bajo el lema: mínimo personal máximo de días en el Centro.

Se sobre entiende que la cuarentena es una situación estresante para todos, tanto trabajadores como usuarios. Para los adictos, la forma de actuar ante el estrés puede ser el consumo. Y por ello se entiende que puede haber mayor riesgo de recaídas. En los Centros se ha propuesto el mismo control, es decir que existan menos oportunidades de consumo y a la par manejar ese estrés.

Los diferentes profesionales coincidimos en que lo más complicado es organizarse la primera semana, a los cambios organizativos ya de por sí estresantes se suma el miedo al propio virus, así que es el peor momento. Pero la opinión general es que uno se va acostumbrando. Los que hemos trabajado muchos años en comunidades terapéuticas y centros asistenciales sabemos que en situaciones difíciles los usuarios suelen responder bien e incluso hay menos recaídas y conflictos.

Los Centros asistenciales de drogodependencia realizan servicios mínimos, el suministro de metadona y la asistencia telefónica (psicológica y social) a sus usuarios. También estamos comprobando que muchas personas que hasta ahora podían ganarse la vida trabajando, han dejado de hacerlo y tenemos que ayudarles a comprar comida. Surgen muchas iniciativas que trabajan en red.

Servicios de atención a las adiciones más eficaces.

  • 1) Implementar medidas de prevención contra la transmisión del virus.

Para reducir la transmisión de COVID-19, se debe desalentar el uso compartido de drogas o de material para su uso, así como promover medidas de distanciamiento e higiene social. Con desarrollo de estrategias de comunicación para el abordaje de diferentes comportamientos y grupos de usuarios, incluidos a sectores como las personas sin hogar y usuarias de drogas recreativas. Se trata de difundir mensajes claros sobre cómo reducir el riesgo de infección y poner a disposición de los usuarios del servicio y su personal los materiales apropiados que deberían incluir:

  • Medidas de protección personal, como promover prácticas de higiene y reducción de riesgos, por ej. toser y estornudar en el codo. Asegurar que los baños tengan jabón y toallas para el secado; desinfectante para manos en puntos clave en las instalaciones, incluidos mostradores, entradas y salidas.
  • Medidas ambientales: limpieza frecuente de las superficies usadas, minimizar el intercambio de objetos o garantizar una ventilación adecuada.
  • Las prácticas de riesgo (compartir drogas e instrumental) debe revisarse para adecuarlas al objetivo de reducir el peligro de exposición al virus. Las prácticas de fumar e inhalar que limitan el intercambio entre los usuarios han de adaptarse, y ampliar la provisión de equipos para el autoaislamiento.
  • Promover e introducir medidas de distanciamiento social entre personas en tratamiento y quienes trabajan con este grupo. Evitar el contacto cercano (saludos de manos, abrazos y besos), pararse a distancia adecuada y limitar la cantidad de personas que usen los servicios al mismo tiempo.
  • Protocolos para que los Servicios de salud atiendan a quienes tengan signos de posible infección por COVID-19. Provisión de máscaras para quien presente síntomas respiratorios (tos, fiebre), áreas de aislamiento y procedimientos de derivación y notificación según pautas en curso.
  • Los Centros de atención ofrecerán pautas e información para grupos específicos (de enfermedad crónica y con condiciones inmunocomprometidas).
  • 2) Garantizar la continuidad de la atención durante la pandemia.

Será crucial garantizar la continuidad de los servicios básicos de salud para los usuarios de drogas. En este contexto, es vital garantizar que los servicios cuenten con los recursos adecuados, se implementen medidas de protección del personal y se priorice la planificación del servicio.

  • Los Servicios de tratamiento de drogas y los servicios de reducción de daños de bajo umbral son servicios de salud esenciales, que deberán permanecer en funcionamiento en condiciones restringidas.
  • Por ello, garantizar la prestación continua de servicios de tratamiento de drogas, incluidos los medicamentos de sustitución de opioides y otros medicamentos esenciales para los clientes, será una consideración primordial.
  • Se necesitarán planes de contingencia para la posible escasez de medicamentos y equipos.
  • Los servicios deberán planificar la probabilidad de ausencias del personal mediante el desarrollo de políticas flexibles de asistencia y ausencia de personal, identificando funciones y puestos de trabajo críticos, y planificar una cobertura alternativa por el personal de capacitación cruzada.
  • Planificar alternativas temporales caso del cierre de centros (suministro de medicamentos a través de farmacias, llamadas telefónicas o videollamadas para evaluación y seguimiento) y adaptar las prácticas (llevar a casa el tratamiento de sustitución de opioides).
  • Puede ser necesario suspender, reducir o implementar alternativas a las citas individuales, grupales y presenciales en la pandemia.
  • La disponibilidad y accesibilidad de la provisión de servicios para quienes no tienen hogar será una consideración importante, al carecer recursos para protegerse y aislarse.

Protección del proveedor de servicios en la pandemia.

  • Proporcionar información necesaria sobre medidas de prevención.
  • Proporcionar el equipo de protección necesario para el personal e introducir protocolos para reducir los riesgos de transmisión tanto para el personal como para los pacientes, incluido el uso de barreras físicas para proteger a quien interactúa con personas en estado de infección desconocido.
  • Minimizar el número de miembros del personal que tienen interacciones cara a cara e introducir políticas y procedimientos de gestión de riesgos apropiados para clientes con síntomas respiratorios.
  • Revisar las prácticas de trabajo para el personal y los voluntarios con alto riesgo de COVID-19 grave (quienes son mayores o tienen condiciones de salud subyacentes), con la introducción de trabajo remoto cuando sea posible.
  • Establecer reuniones virtuales periódicas para permitir una respuesta rápida a los problemas que surgen en la situación local y las medidas rápidamente cambiantes tomadas por los gobiernos locales y nacionales.

Breves recomendaciones de protección.

Para quien esté en un proceso de rehabilitación por haber tenido una conducta y un trastorno adictivo, y cualquier persona en este confinamiento de un mes, es posible aprovechar el tiempo en clave de salud. Sabemos que es una situación difícil, compleja y dolorosa pero la rehabilitación puede continuar. ¿Cómo? Con estas sencillas recomendaciones de protección a tener en cuenta:

  1. El autocuidado debe ser el centro de la respuesta protectora. La ciudadanía debe centrarse en lo que puede controlar (tener higiene) en lugar de lo que no controla (detener el virus). Vigilar la higiene (aseo, vestimenta, ejercicio, nutrición y sueño adecuados) pues la transmisión del virus depende de la conducta de cada uno/a.
  2. La comunicación transparente y reflexiva podría contribuir a la confianza y al sentido de control. Asegurar el descanso adecuado, ser capaces de atender las necesidades personales próximas (como cuidar de los miembros de su familia). Escuchar a quienes se tiene en casa y que desean compartir sus historias, acercarse. Esas conversaciones en casa y con alguna amistad o familiar, fomenta el acercamiento, hablar de cuestiones siempre pendientes.
  3. La provisión de alimentos, descansos, tiempo de desconexión y tiempo libre adecuado son tan importantes como la provisión de protocolos de protección individual.
  4. Reconocer los síntomas. Pide ayuda si descubres que no puedes manejar tus emociones, busca un profesional de salud mental. Si es preciso, toma contacto (telefónico, videollamada…) con un terapeuta.
  5. Comparte y pregunta sobre tus preocupaciones. Libera la tensión y no te satures. Sin rumiar pensamientos ni emociones. No debemos interpretar de forma catastrófica las sensaciones corporales. Piensa que vamos a de esta situación acuérdate de esto.
  6. Una zona de descanso, respetando distancias y medidas de higiene, reduce la fatiga y el estrés.
  7. En casa dedícate a disfrutar con los seres queridos y busca momentos de aislamiento y distracción, conecta con amistades y seres queridos más alejados.
  8. La atención y ayuda a los familiares de los trabajadores de la salud mejoraría la confianza y disponibilidad de la fuerza laboral.
  9. Mantén rutinas diarias con flexibilidad. Prioriza tu bienestar y salud mental positiva. Meditar o hacer ejercicio físico, prácticas de relajación, leer algo, o tomarte unas horas contemplativas. Tendrá un impacto positivo en tus pensamientos y sentimientos.
  10. Finalmente, es importante estar activas todas las personas: lecturas, escuchar música relajante, escribir, dibujar, tejer, juegos, manualidades, coser, ordenar, ejercicio físico, cocinar, ocupaciones diversas, etc.

Algunas Ideas fuerza a recordar más alá de las Adicciones.

  1. La pandemia causa sufrimientos psicológicos y sociales a la población afectada. Sus efectos pueden amenazar los derechos humanos y el desarrollo.
  2. El estado emocional individual y colectivo, influye en la capacidad de la población para adoptar medidas de prevención adecuadas y en la capacidad de respuesta asistencial de los equipos de salud. La falta de confianza en la información y en las medidas propuestas, son respuestas habituales.
  3. Por lo tanto:
    • El componente psicosocial debe convertirse en un eje transversal prioritario que impregne las actuaciones en la situación de emergencia para el abordaje efectivo de la pandemia y la disminución de sus consecuencias.
    • Fundamental la coordinación de los actores que participan.
    • Es urgente el cuidado de la salud de quien trabaja en el sector de la Salud (“cuidar a quienes nos cuidan”) para atender a quien demanda cuidados.
    • Se requiere de financiación y recursos que sustenten las estrategias

Posibles recursos profesionales y organizaciones.

  • Tfno. del Centro de Salud (Osakidetza) de referencia más próximo.
  • Tfno. del Centro de Salud Mental (o centro / módulo de atención a las Adicciones) de referencia.
  • Tfno. de consejo sanitario en País Vasco: 900 20 30 50; Evitar llamar al 112, de emergencias.
  • Tfno. Mujeres en situación de violencia de género, que viven con agresor: 900840111 (24h.). Si está sola con su agresor: 016; 900200999.
  • Psikobizi, Servicio de Primeros Auxilios Psicológicos: Whatsapp: 686202918; psikobizi.bizkaia@cop.es; Servicios similares desde los Colegios de Psicología.
  • Fundación Gizakia: 94 4471033; Avda. Madariaga, 63. Bilbao. Ampliado el servicio en la Sala de Consumo Supervisado y con Unidad móvil, además de otros programas

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Esta Guía 3 Apoyo frente a las Adicciones durante esta epidemia de coronavirus se editó en Bilbao, el 9-4-2020.

Coordinación, revisión bibliográfica, redacción de textos e imágenes por Fernando Pérez del Río, Iñaki Markez y Patricia Insua.

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