La medicina tiene históricamente un compromiso con la atención sanitaria de las personas privadas de libertad internadas en prisiones, en el entendido de que, como no podía se de otra manera, estas ciudadanas y ciudadanos conservan intacto el derecho a la promoción y protección de su salud, siendo mayor, si cabe, la responsabilidad pública sobre la salud de estas personas por la situación de reclusión colectiva y de restricción de la movilidad en la que se encuentran en el interior de unas instalaciones públicas.