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Hoy sentimos vergüenza por el retroceso en los derechos humanos que supone la nueva ley del aborto en este país. Obligar a las mujeres que deciden una interrupción del embarazo por la razón que fuere y que solo les atañe a ellas a pasar por varias barreras burocráticas, entre las que incluye una valoración psiquiátrica por dos especialistas diferentes de psiquiatría a los del centro donde se realice es inhumano, injusto e intolerable. Creo que como trabajadoras de la Salud Mental es un tema que nos atañe y en el que debemos posicionarnos y actuar.

Estas suposiciones suponen un retroceso a hace más de 30 años y nos equipara a países como Malta, Irlanda o Polonia, lo que nos hace cuestionarnos en que tipo de sociedad vivimos y como la inequidad social es una realidad creciente desafortunadamente para los logros conseguidos por las mujeres en este pasado siglo.

VERGÜENZA es que el aborto por voluntad propia desaparece. Ya no será legal que una mujer pueda decidir una Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE).

VERGÜENZA es que una mujer no pueda decidir sobre su cuerpo y mayor vergüenza es redactar una ley en la que recoge el aborto “solo si la mujer ha sido violada y ha denunciado la violación” o sólo se podrá abortar “si hay peligro físico o psíquico para la madre”.

VERGÜENZA es que las malformaciones fetales por sí mismas no sean una causa que justifique una IVE “por sí solas” y que sólo sea contemplado “si daña la salud psíquica de la mujer” y que para ello haya que pasar por dos médicos diferentes por el “daño físico” y dos psiquiatras diferentes “por el daño psíquico”.

VERGÜENZA es que por violación tras haber hecho la denuncia “sólo se pueda realizar hasta la semana 12 de gestación”, ampliándolo “cuando hay daño físico y psíquico para la madre a la semana 22”.

VERGÜENZA es que si la mujer tiene entre 16 y 18 años y hay un conflicto con la familia, tendrá que decidir un juez convirtiendo una IVE en un delito con intervención de la justicia.

VERGÜENZA es que un médico “deberá informar oralmente sobre las consecuencias del aborto” y como “puede afectar a su maternidad futura” actuando como inquisidores ante una mujer que desee abortar con el sufrimiento psíquico que pudiera conllevar.

VERGÜENZA es que trabajadores sociales “le contarán a la gestante las ayudas que recibirá si mantiene el embarazo, incluidas la adopción” y que confundirá a mujeres sin recursos y situaciones socioeconómicas catastróficas y que traigan al mundo a hijos sin desearlo ante situaciones de pobreza y exclusión social lo que también pudiera tener una repercusión en la salud mental de estas mujeres y en sus hijos no deseados.

VERGÜENZA es que “la mujer deberá reflexionar siete días”. Es decir, no podrá abortar antes de una semana aunque lo tenga claro. Un castigo de siete días por haber decidido una interrupción de su embarazo. Un acto de crueldad gratuito e innecesario que también puede tener repercusión en la salud mental de muchas mujeres.

VERGÜENZA es que en este país las mujeres necesitarán la tutela de dos psiquiatras que avalen el “resquebrajamiento de su salud mental”. El “grave peligro para la salud de la mujer” se entenderá cuando el embarazo produzca un “menoscabo importante” en la gestante “con permanencia en el tiempo”. Obligará a contar su historia a dos profesionales distintos como si de un juicio se tratara, a contar su historia una y otra vez para mayor traba burocrática y mayor sufrimiento emocional de las mujeres que deciden una interrupción voluntaria de su embarazo.

VERGÜENZA es que ninguna de estas personas que han redactado la ley se hayan parado a pensar en las consecuencias del sufrimiento psíquico de las mujeres que se someten a una IVE que tendrán que pasar por una serie de valoraciones, juicios de valor y una espera obligatoria de una semana de duración y en aquellas mujeres que por una situación social o económica desfavorable se vean obligadas a tener un hijo sin desearlo. Nadie repara en la salud mental de estas mujeres y en cómo va a afectarlas.

VERGÜENZA es que no hayan contado con la repercusión psíquica y física en la vida de estas mujeres que abortarán y obligará a abortos clandestinos con un riesgo en la salud física y mental a las mujeres con menos recursos económicos y a viajar a Londres a las personas con mayor disponibilidad económica como ocurría en este país en los años ochenta.

Como psiquiatra de la red pública de salud -Osakidetza- me parece necesario un posicionamiento ético y profesional ante una situación que menoscaba los derechos humanos de las mujeres y que nos va a obligar como profesionales a participar de este sistema. Así que os animo a uniros a la INDIGNACIÓN a una situación social intolerable y también a la ACCIÓN en lo que podamos hacer por la repercusión que esto va a tener en las valoraciones psiquiátricas que habrá que realizar en los distintos centros sanitarios de la red pública.

Margarita Sáenz. Psiquiatra.  Miembro de la Junta de OME